Tras meses agitados por las tensiones derivadas de un fin de sexenio poco cuidadoso de las formas de convivencia política, especialmente en un país tan diverso y asimétrico como el nuestro, Claudia Sheinbaum ha asumido la Presidencia de la República en medio de un ambiente festivo y victorioso que subraya la resolución de dar continuidad al proyecto de nación de la Cuarta Transformación (4T), proyecto que, como hemos referido, ha derivado hasta hoy en su concreción aciertos importantes en economía y política social, pero graves omisiones y retrocesos, en especial en materia de derechos humanos.

El contexto mexicano en el cierre del sexenio de López Obrador ha sido turbulento. La violencia –aunque registró una baja marginal– mantiene, sin embargo, un muy alto grado de impacto en cada vez más zonas del país, y culminó con expresiones muy inquietantes en Sinaloa y Chiapas.

De igual modo, las tensiones se hicieron sentir como resultado del choque entre el talante desarrollista de la 4T y los imperativos urgentes del cuidado de nuestra casa común, evidenciados en las expresiones de resistencia a la construcción del Tren Maya, el Tren Interoceánico y a la apuesta por seguir centrando la política energética nacional en combustibles fósiles. Mientras, en el campo de los derechos humanos se profundizaron las ambivalencias y claroscuros que terminaron caracterizando el “primer piso” de la 4T contra todas las expectativas despertadas en sus inicios. Siendo el caso Ayotzinapa la máxima expresión.

Por eso, ante las tensiones y deudas con que López Obrador cerró su sexenio a ojos de muchos mexicanos, la expectativa sobre la toma de posesión de Sheinbaum era muy alta, pues se esperaba comenzar a advertir, tanto en sus contenidos como en sus formas, las continuidades y discontinuidades de su propuesta respecto de su antecesor. Como unánimemente se anticipaba, la Presidenta lanzó evidentes signos de continuidad con el proyecto de López Obrador tanto en su toma de protesta en el Congreso como en el acto de recepción del bastón de mando en el Zócalo, especialmente en la reiteración del gesto de presentación de sus 100 compromisos con el pueblo de México y en sus contenidos. En dichos compromisos se abordan ámbitos de la realidad nacional, sin embargo, proponemos concentrar un primer análisis en siete puntos hoy insoslayables: la violencia y pacificación del país, la crisis de cambio climático, la libertad de expresión, la crisis migratoria, la lucha contra la desigualdad y la pobreza; la educación y la igualdad sustantiva de género.

Respecto a la crisis de violencia, anunció que la próxima semana presentará su estrategia de seguridad, aunque adelantó cuatro ejes de acción que no distan del enfoque lopezobradorista, especialmente el cuestionable fortalecimiento de la Guardia Nacional y el plausible –aunque poco claro e integral– enfoque de atención a las causas estructurales. Respecto del ambiente, prometió que 45 por ciento de la producción energética se obtendrá de fuentes renovables hacia el fin de su sexenio, anunció la construcción de paneles fotovoltaicos en estados del norte, mayor reforestación y cuidado de bosques, la limpia de los ríos más contaminados y garantizó el acceso al agua. Como suele ocurrir, no se expresaron medios de logro, ni se refirió a la prevención de desastres socioambientales; habrá que mantener la atención sobre las medidas para concretar esas intenciones.

En los temas de política económica y social, en los que el sexenio de López Obrador tuvo sus mayores aciertos, anunció la continuidad y ampliación de los programas sociales, al tiempo que prometió la autonomía del Banco de México y envió un mensaje de confianza a los inversionistas locales y extranjeros sobre la seguridad financiera del país. Auguró la continuidad del aumento al salario mínimo y la eventual reforma en pos de la semana laboral de 40 horas. Coronó con el anuncio de un sistema nacional de cuidados que se implementará, dijo, de forma paulatina

Sobre la igualdad sustantiva de género, anunció reformas a presentarse esta semana en el Congreso, así como un programa de beneficios dirigido a mujeres entre 60 y 64 años, y fundamentó buena parte de su narrativa en el logro simbólico de ser la primera presidenta del país. En educación anunció la continuidad y ampliación de los apoyos a las escuelas y a los estudiantes, y el aumento en 300 mil espacios adicionales del cupo para matriculación en educación superior pública.

Finalmente, dos de las notables ausencias en su discurso fueron la libertad de expresión y la crisis migratoria. Del primer punto se limitó a asegurar que se respetarán las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de movilización; los derechos humanos en general y prometió que no habrá represión, pero no anunció estrategias al respecto, ni dio signos de reconsideración del desmantelamiento de los organismos constitucionales autónomos, ni de restablecimiento de los canales de diálogo con la oposición política, con los medios de comunicación y con la sociedad civil. Sobre migración, elogió a los paisanos residentes en EU y prometió defenderlos, pero ni una sola palabra fue dicha sobre México como país receptor, país de tránsito y expulsor de migrantes.

Lo que presenciamos el martes, como se esperaba, fue una celebración de victoria electoral en el que prevaleció la enunciación de las promesas de dar continuidad al “segundo piso” de la 4T. Pero este sexenio apenas comienza, habrá que permanecer pendientes de cómo ese listado de promesas se traduce en estrategias de política pública y de gobierno que permitan, en la realidad, fortalecer nuestro estado social y democrático de derecho, expresado en la garantía y protección de los derechos humanos, en la apertura de mejores canales de diálogo, en el respeto a los pesos y contrapesos institucionales y civiles, y en un estilo de liderazgo a tono con las credenciales de mu jer, demócrata, progresista y científica que la Presidenta subrayó en sus discursos. Como dijimos seis años atrás, sólo así se podrá hablar de una verdadera transformación de la vida pública del país.