San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. El asesinato de seis migrantes ocurrido el miércoles en Villa Comaltitlán, en la costa de Chiapas, “no es un hecho accidental ni aislado, sino consecuencia de las políticas migratorias restrictivas que el Estado mexicano sigue implementando”, afirmó el Colectivo de Monitoreo–Frontera Sur.

“Es especialmente consecuencia directa de ordenar el despliegue militar para la contención de los flujos migratorios bajo una lógica de persecución y no de protección hacia las personas en movilidad, violentando y deshumanizando a las personas, poniendo en riesgo su integridad física, emocional y su vida”, agregó la agrupación que agrupa a organizaciones nacionales e internacionales.

Además, abundó en un comunicado, los hechos “evidencian la omisión del Estado para garantizar los derechos humanos y la vida de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional”.

Sostuvo que los sucesos en los que seis migrantes fueron asesinados y otros 10 heridos presuntamente por militares, “constatan que la política migratoria en México ha sido llevada a cabo desde enfoques y estrategias equivocados, generando mayores factores de violencia y de desprotección, cuyas lamentables consecuencias viven personas y familias migrantes”.

Expresó que en Chiapas “continúa el avance de los grupos criminales, poniendo en riesgo a las personas migrantes y con necesidades de protección internacional que transitan por el territorio, donde son expuestas al abuso, la extorsión y la muerte”.

El Estado mexicano, reiteró el colectivo, “ha sido omiso ante la situación de violencia en la región, así como en sus obligaciones de investigación y sanción de violaciones a derechos humanos y delitos que diversos agentes públicos han cometido, tanto por omisión como en colusión con dichos grupos criminales”.

Recordó que el 1 de octubre de 2023, hace un año, se registró otro accidente en el municipio de Pijijiapan, en el que murieron 10 personas migrantes que eran transportadas en un camión, y en 2021 se denunció otro accidente similar en Tuxtla Gutiérrez, en el que fallecieron 55 extranjeros que viajaban en un camión de carga.

La agrupación se solidarizó con las familias de las víctimas, al tiempo que pidió al gobierno mexicano que se les repare el daño integralmente, incluyendo medidas de restitución, satisfacción y garantías de no repetición, así como su regularización migratoria.

Asimismo, que se garanticen los derechos de las 17 personas que fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en su calidad de víctimas de delito grave y violaciones a derechos humanos, que debe de prevalecer por encima de su situación migratoria.