En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó su primera conferencia matutina a rememorar a los muchachos asesinados y encarcelados, a quienes reconoció porque gracias a ese movimiento se abrió la puerta a la aproximación política de muchos jóvenes y para un país más democrático. La mandataria aseguró que las disculpas públicas por crímenes de lesa humanidad engrandecen, ponen un alto y dicen nunca más, por lo cual instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, que, en nombre y representación del Estado mexicano, se ofrezca una disculpa pública por esa grave atrocidad gubernamental a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad mexicana en su conjunto. Tales gestos fueron saludados por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La ausencia de castigo para los responsables mantuvo en pie el autoritarismo que volvió a ensañarse con los estudiantes en 1971, y que también cobró víctimas entre mineros, profesores democráticos, comunidades indígenas y otros colectivos en los decenios siguientes. Aunque la justicia sigue siendo el reclamo entendible y central de las víctimas, sus compañeros de lucha y de las nuevas generaciones que han crecido con el 2 de octubre como referente, es sabido que concretar dicha exigencia resulta total o casi totalmente irrealizable a causa de la enorme distancia temporal: todos los autores intelectuales de la matanza eran ya adultos cuando ocurrieron los hechos, y en el medio siglo transcurrido a la fecha han fallecido en agraviante impunidad. Los autores materiales, si alguno queda, sólo pueden ser identificados si deciden dar la cara de manera voluntaria.

Por lo anterior, resulta de gran importancia el compromiso publicado ayer por el Ejecutivo federal para garantizar la no repetición de esas atrocidades, así como de actos de represión, actos de privación ilegal de la libertad, uso de las fuerzas armadas contra la población, utilización de cárceles clandestinas, desapariciones forzadas, torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, bajo la anuencia del Estado. Este pacto con la sociedad debe ser asimilado por todas las autoridades, pues el horror de 1968 sólo puede quedar atrás si se resignifica como una enseñanza de lo que ningún gobernante debe hacer jamás.