En una nota de Arturo Sánchez y Alonso Urrutia del 21 de septiembre pasado (La Jornada), se informa que “el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es necesaria una reforma fiscal en el futuro si se mantiene la fórmula de combate a la corrupción y una política de austeridad republicana (...); el mandatario sostuvo que es contrario a una reforma fiscal, pues consideró que este término en realidad es un eufemismo del incremento de impuestos”.

Sin ser ninguna novedad, las declaraciones dan palmaria cuenta de la invetereda obsesión presidencial por no asumir la importancia decisiva que tiene la cuestión fiscal para el Estado y los mexicanos, en una época en la que garantizar derechos fundamentales a los ciudadanos es compartido por la mayoría, y que toca al Estado y sus gobiernos hacerse cargo del estricto cumplimiento de esas garantías.

Cuestiones básicas para la subsistencia y el bien común en general como la salud, la protección y la seguridad sociales, la educación y la seguridad pública son asuntos de interés nacional y del Estado, y toca a este último la misión primordial de sentar las bases y asegurar su duración.

Contar con ingresos públicos suficientes, duraderos y transparentes, atañe a todos los ciudadanos y desde luego a los gobernantes. No es una dádiva o una prebenda, mucho menos una prerrogativa, en el centro de la cuestión fiscal contemporánea están la reproducción misma de la sociedad y la sustentabilidad de la democracia, adoptada en las últimas décadas como principio fundamental del orden político.

De hecho, es posible decir que la superación racional de los enormes faltantes en el fisco debe formar parte del corazón de cualquier proyecto nacional que se enarbole como convocatoria ciudadana. No hacerlo, como ha ocurrido con la Cuarta Transformación y su gobierno, es una falla mayor de la política democrática y expresión de un mal gobierno cuyo cáncer puede hacer metástasis pronto si, en efecto, la fementida austeridad se apodera de las mentes y las visiones de los gobernantes.

El país ha perdido mucho tiempo, recursos humanos, institucionales, y capacidad de planeación y su traducción en proyectos integrales. Las “grandes obras” del sur-sureste no revelan una real toma de conciencia de la importancia que tiene el sur, como solía enfatizar nuestro querido Jaime Ros, sino una miopía que puede tornarse ceguera en materias prioritarias para nuestro desarrollo.

Más que embarcarnos en el nefasto debate sobre la austeridad que necesitamos para expiar nuestros excesos, tenemos que insistir en la urgencia, devenida emergencia, de atender nuestro acotado y dañado sistema de salud; enfrentar sus enormes carencias bajo la dirección e inspiración del sector público y del Estado como rector y articulador de lo mejor y más afinado del pensamiento estratégico con que contemos. Gastar más y mejor debería ser exigencia prioritaria de los mexicanos a la hora de abordar los términos de una nueva convocatoria por la unidad y un proyecto nacional digno de tal nombre.

La cuestión fiscal, que a todos nos acosa y al nuevo gobierno arrincona, reclama mucho más que la adopción de hábitos franciscanos o la celebración de recaudaciones “históricas”; se centra en una adecuada, sensata a la vez que visionaria, distribución de los frutos del crecimiento con la mirada puesta en la confección de las políticas necesarias para surcar la emergencia y encauzar las angustias dentro y fuera del Estado. Lo que tenemos entre manos y amenaza con quemárnoslas de no actuar rápido, es la reinvención de objetivos que unan y articulen voluntades para hacer de la mexicana una economía cada vez más robusta e integrada, con capacidad de crecer y crear los empleos permanentes y bien pagados. Bien dispuesta para generar excedentes destinados a crear un auténtico Estado Social.

Requerimos ejercicios genuinos de programación y no ocurrencias que tratan la cuestión fiscal como algo perenemente posponible, susceptible de ser puesto debajo de la alfombra, sin dar lugar a consideraciones estratégicas de ningún tipo. Los objetivos relegados o mistificados tienen que ser rescatados y puestos de nuevo sobre la mesa del discurso nacional.

Abordar la cuestión fiscal, agravada y soslayada, secuestrada ahora por los peores verbos pro austeridad, no es asunto misterioso y para México se ha vuelto peligrosamente transparente. Tiene que ver con acuerdos y compromisos, con sumar voluntades en ejercicios plurales de planeación, programación, proporcionalidad, equidad y progresividad. Para que el Estado sea el gran receptor y enriquecedor de un acuerdo universal por la equidad, el desarrollo y la búsqueda de la igualdad.