Ciudad de México. En sesión virtual extraordinaria las comisiones unidas de Administración Pública Local y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias aprobaron la creación de cuatro nuevas secretarías en la Ciudad de México: Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, Secretaría de Gestión Integral del Agua; Secretaría de Vivienda y Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana.

Al referirse al dictamen, dictamen a la iniciativa presentada por el titular de la jefatura de Gobierno, la diputada Elizabeth Mateos (Morena), presidenta de la Comisión de Administración Pública Local, dijo, que “con la creación de estas cuatro nuevas secretarías se pretende abonar a la correcta administración entrante en la Ciudad de México, a efecto de proponer y ejecutar acciones que contribuyan al bienestar de las y los habitantes para garantizar el disfrute pleno de sus derechos”.

Sobre la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, indicó, que, busca reivindicar “la historia de corresponsabilidad y relación gobierno-sociedad en la capital. Será la encargada de generar mecanismos que materialicen el diálogo con la ciudadanía, así como garantizar el derecho a una buena administración pública, que coadyuve en el monitoreo y evaluación de los servicios públicos que se prestan a quienes habitan la Ciudad de México”.

La creación de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, tiene como finalidad “contar con una dependencia que enfoque la totalidad de sus esfuerzos en la gestión de agua para consumo doméstico e industrial, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible a la ciudadanía. Acciones que requieren contar con plena autonomía técnica, financiera, jurídica y de gestión para su óptimo funcionamiento”.

En lo tocante a la Secretaría de Vivienda, el objetivo es que coadyuve con la jefatura de Gobierno para “generar mayores acciones de vivienda, con especial énfasis en atención a poblaciones vulnerables, combatir la gentrificación, frenar la expulsión de las familias de sus colonias de origen, ampliar la cobertura de programas de mejoramiento de vivienda, y atender a la vivienda en situación de riesgo estructural”.

La Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana capacitado buscará, con su funcionamiento, que los asentamientos humanos en la capital sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Además, atenderá las necesidades de vivienda, transporte, planificación, patrimonio cultural, reducción del riesgo de desastres, impacto ambiental, espacios públicos y patrimonio ambiental. Pretende trabajar con una visión de integralidad a fin de dar sustentabilidad a esta metrópoli.

El diputado Ricardo Rubio Torres (PAN) apoyó la propuesta por ser una herramienta útil para que el gobierno capitalino mejore los servicios hidráulicos y de abastecimiento de agua potable; sin embargo presentó una reserva al artículo 31 bis, por no estar de acuerdo con esta nueva secretaría que representaría una centralización y no garantizar que la contratación de su personal cuente con las conocimientos técnicos necesarios, “lo que aumentaría el riesgo de fomentar el nepotismo, la burocratización y la falta de capital humano debidamente capacitado y un retroceso”, por lo que propuso mejorar el organismo existente.

Respecto a la Secretaría de Vivienda, el legislador Raúl de Jesús Torres Guerrero (PAN) propuso que las atribuciones de la misma sean asignadas previa consulta mediante los instrumentos de participación ciudadana, con los sectores públicos y privados; sugirió que la expropiación sólo podrá hacerse por causas de utilidad pública y mediante indemnización.

En lo referente a la Secretaría de Gestión Integral del Agua, planteó incluir a las alcaldías en la colaboración y coordinación con ésta dependencia.

La diputada Olivia Garza (PAN) afirmó que se requieren medidas urgentes para atender las problemáticas en materia de agua y pidió que la nueva secretaría dé prioridad a las alcaldías que más lo requieren, como Iztapalapa.

Se aprueba dictamen para regular estancia turistica eventual

Las Comisiones Unidas de Vivienda y de Turismo del Congreso de la Ciudad de México aprobaron el dictamen a la iniciativa presentada por el jefe de Gobierno para regular el servicio de estancia turística eventual.

Esta iniciativa tiene por objeto establecer y reforzar acciones que contribuyan a promover la actividad turística desde una perspectiva sustentable, ordenada y con atención a las diversas manifestaciones culturales, sociales, deportivas, económicas y políticas que confluyen en la Ciudad de México.

En sesión extraordinaria, las personas legisladoras que integran estas comisiones aprobaron la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un cuarto párrafo al artículo 61 de la Ley de Turismo de la Ciudad de México; adicionar el artículo 36 Bis a la Ley de Vivienda para la Ciudad de México y adicionar un párrafo al artículo 22 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, en materia de regulación al servicio de estancia turística eventual.

El diputado César Emilio Guijosa Hernández (Morena), presidente de la Comisión de Vivienda, expresó que la vivienda es una necesidad fundamental, e indicó que en el caso del hospedaje debe propiciarse “cancha pareja” entre plataformas de alojamiento temporal y el hospedaje formal.

La diputada Frida Jimena Guillén Ortiz (PAN) señaló estar de acuerdo con la finalidad del dictamen, pero manifestó su preocupación por que el dictamen no contribuye a solucionar el problema de gentrificación y desplazamiento con los plazos que señala, y propuso mayor análisis. La diputada Olivia Garza de los Santos (PAN) presentó una reserva para modificar los porcentajes de reservación que maneja la propuesta, para pasar del 50 al 80 por ciento, y destacó que el hospedaje por plataformas fomenta el consumo local.

Esta reforma propone establecer en la Ley de Turismo un tope al hospedaje mediante plataformas; es decir, una restricción respecto del porcentaje de hospedaje anual permitido, ya que quienes se dedican al hospedaje profesional tienen una competencia desigual con el hospedaje de corta estancia, por lo que es importante la implementación del límite de noches, a efecto de propiciar una competencia más justa y equitativa.

También propuso establecer en la Ley de Vivienda y en la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, la prohibición expresa de registrar y ofertar mediante este tipo de plataformas digitales inmuebles destinados a vivienda social, así como vivienda reconstruida con motivo del sismo del 19 de septiembre de 2017, ya que estas tienen un fin social.

El turismo es una de las principales actividades económicas de la Ciudad y en 2023 la llegada de turistas a hoteles aumentó a 14.5 millones de personas, que ejercieron un gasto de 150 mil millones de pesos. Hasta el segundo semestre de 2023 se tienen registrados cerca de 800 hoteles, con más de 60 mil habitaciones.

Sin embargo, en los últimos años se ha observado una evolución en la forma en que los turistas acceden a los servicios de alojamiento eventual mediante plataformas digitales, como Airbnb, Booking.com, y otras que en la capital centran sus actividades en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Aprueban comisiones reformas a Ley para la Reconstrucción

En Comisiones Unidas de Vivienda y de Gobierno y Políticas Públicas del Congreso local se aprobó la reforma a la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, a iniciativa del jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama.

La modificación normativa se aplicó al artículo 26 de la citada ley, que se refiere a la redensificación de los inmuebles multifamiliares que fueron intervenidos a causa del sismo de 2017, específicamente se intervino el inciso “b”, para permitir que los departamentos producto de la redensificación, que no han podido ser comercializados, puedan ser utilizados, en tanto se consolida la venta.

De acuerdo con la iniciativa, la redensificación es concebida como un recurso público no inherente a la propiedad afectada y reconstruida con recursos públicos o privados y ha permitido un mejor aprovechamiento del suelo, pues supone que en el caso de que las personas damnificadas decidan ceder un porcentaje igual desuperficie edificable que les corresponde, se construyan viviendas adicionales.

De acuerdo con el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), alrededor de 80 mil personas son expulsadas al año de la capital por la falta de vivienda accesible a sus ingresos, mismos que son inferiores a 15 mil pesos mensuales, mientras que el costo promedio de renta es de 25 mil 615 pesos.

Por ello se pretende “alentar las viviendas en renta asequibles para las mayorías y mejorar las condiciones de vida para todas y todos los habitantes de la ciudad”, en este sentido, se busca beneficiar a todos aquellos que no encuentran opciones de renta, o que viven en zonas alejadas de sus centros de trabajo, sostiene el documento aprobado.

De acuerdo con la propuesta de la jefatura de Gobierno, las rentas han aumentado entre el 2013 y 2018 hasta ocho veces más que el salario mínimo, situación que ha producido fenómenos socioeconómicos como el incremento del porcentaje de los ingresos que los hogares destinan al pago del arrendamiento y el desplazamiento de miles de personas que han tenido que salir de sus lugares tradicionales de vida hacia zonas cada vez más lejanas de la ciudad.