El 19 de agosto de 2022, en Palacio Nacional, Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) pronunció las esperadas palabras que rompían con la impunidad de un crimen emblemático del sexenio peñanietista: el ataque, secuestro y desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y asesinato de seis personas, tres de ellos también normalistas, en Iguala, fue un crimen de Estado con encubrimiento al más alto nivel.

Una foto oficial muestra en la escalinata al presidente Andrés Manuel López Obrador rodeado de madres y padres, campesinos guerrerenses portando carteles con las fotos de sus hijos desaparecidos. Rostros con esperanza.

Esa imagen no se repetirá. Un mes después –septiembre– las investigaciones del caso Ayotzinapa entrarían en crisis. La Fiscalía General de la República irrumpió en la Unidad Especial (Ueilca), agentes de la vieja Siedo tomaron control de las carpetas de investigación y se forzó la salida del fiscal Omar Gómez Trejo. Las fricciones llegarían casi a la ruptura con los abogados defensores y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Y en medio de los choques y contradicciones entre los políticos y los investigadores, la verdad volvió a evadirse.

El viejo maestro Raúl Isidro Burgos, cuyo nombre lleva la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, exhortaba a sus alumnos guerrerenses por ahí de los años 30: Condúzcanse siempre con la verdad, aunque se desplomen los cielos. Para los políticos, los jueces y los investigadores de la actualidad aquella lección no siempre es aplicada.

¿Por qué se descarriló el proceso?

Si se había avanzado tanto, si tanta información encaminada a saber la verdad había salido a la luz, ¿por qué se descarriló el proceso?

Encinas, quien ya no está en la Secretaría de Gobernación ni al frente de la Comisión de la Verdad, sino preparándose para asumir como secretario de Planeación en el gabinete de la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, responde:

“En ese momento, dentro y fuera del gobierno, varias instituciones entran en crisis. Hubo una ruptura muy fuerte con la FGR y nosotros; chocan la Covaj y el GIEI; Covaj y algunos segmentos del Ejército, la Presidencia y las organizaciones defensoras de las familias. Se dictan órdenes de aprehensión muy importantes para la judicialización que luego se cancelan (se anularon 21 órdenes, 16 de éstas contra militares), se apresuran otras detenciones no previstas, se desmantela la unidad especial, se cuestiona la llegada de un nuevo fiscal.

Después, el proceso se estabilizó. Permanecieron dos de los cuatro expertos del GIEI; se rencauzó la investigación. Se reactivaron las órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables; se fortalece la idea de extraditar a Tomás Zerón, pero también de otras personas que están en Estados Unidos. Nos fijamos metas concretas para establecer una ruta conjunta entre el GIEI y la Covaj de cara al cierre. Aunque quedaron secuelas fundamentales vinculadas con la Fiscalía.

–¿Cómo se reflejó la crisis en las relaciones entre el Presidente y los padres de familia en el Palacio Nacional? Al principio él se veía afectuoso, después no tanto. De los padres reprochó: parece que no quieren que se avance, y dijo también: ya no le tengo confianza al GIEI.

–Eso fue poco antes de que yo presentara el segundo informe de la Covaj (septiembre de 2023). Estaba la secretaria de Gobernación, la de Seguridad, el fiscal especial y un servidor. Ahí no estuvo presente ningún militar.

–¿Por qué? ¿Ahí qué pasó?

–Se presenta la nueva narrativa, con elementos que había planteado la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso generó malestar, no ruptura. Antes de presentar mi segundo informe se lo presenté a los papás. Ese fue el momento de inflexión.

“Lamentablemente hubo un distanciamiento entre la Covaj y la Fiscalía (Rosendo Gómez Piedra es el nuevo fiscal especial). Hay incomodidad. Trabajar con dos grupos de padres alentó la división. Es un error. A raíz del intento de los estudiantes de tirar la puerta de Palacio y de los reclamos a los abogados y las organizaciones que los acompañan, los papás ya apostaron por esperar la llegada de la próxima presidenta y establecer el diálogo con ella.

–Por la forma en que terminó la relación entre el Presidente y la GIEI, imposible no recordar el clima de hostilidad que hubo cuando se les expulsó en 2016. ¿Fue igual esta vez?

–Ellos tomaron la decisión de irse. Pero también se cumplen ciclos. Hay que reconocerlo. No creo que ningún presidente de ningún país haya recibido tantas veces a un grupo de investigación independiente que además estaba indagando acciones de ese mismo gobierno. Esa fue una situación única. Yo creo que eso no lo valoraron los compañeros.

Y sí, reconozco, con el GIEI tuvimos diferencias. Teníamos roles distintos, ellos más fiscales, yo, como comisión de la verdad. Pero seguimos trabajando juntos hasta su salida (19 octubre de 2023).

El momento más difícil de mi vida

Narra Encinas: “Uno de los momentos más duros de mi vida fue cuando me tocó a ir a la casa del matrimonio Rodríguez Telumbre, a hablar con Clemente y Luz María, padres de Christian. Ir y decirles ‘Aquí está su hijo’. Lo que entregas no es un cuerpo, ni siquiera un fragmento de hueso, es un expediente, un dictamen forense. Íbamos con una sicóloga, el Centro Pro, Tlachinollan, Omar Gómez, Mercedes Doretti, del Equipo Argentino de Antropólogos Forenses. Ella les explicó que a Christian lo habían identificado por un hueso del talón derecho en medio de un mar de pequeños fragmentos calcinados”.

Encinas, actor importante en la construcción de Morena y la Cuarta Transformación, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, quedó marcado por la noche de Iguala. “Como senador, fui el primero en denunciarlo. Denuncié ante el pleno la falsa ‘verdad histórica’ de Jesús Murillo Karam. Renuncié al PRD cuando no se quiso deslindar del alcalde Abarca ni del gobernador de Guerrero Ángel Aguirre”.

–Y ahora es usted el primero en tener una demanda penal por parte de militares por acciones ejecutadas siendo funcionario del gobierno federal.

–No he sido notificado de una denuncia formal en mi contra. Me he enterado por los abogados de los militares que lo han hecho público y por el abogado de la fiscalía militar cuando me llamaron a presentarme como testigo de descargo. Pero si hubiera procedido esa denuncia ya me hubieran notificado.

–¿En algún momento se sintió maltratado?

–No. Desde el principio dije que no iba a estar de adorno. Afecté intereses del gobierno anterior, del gobierno de Guerrero, de las presidencias municipales, de los cuerpos de seguridad. Sabía que iba a haber resistencias fuertes como las que prevalecen a la fecha.

–Después de su partida de la Covaj, ¿quedaba espacio para avanzar?

–Sí. Después de la reunión de Claudia Sheinbaum con las familias sigue en pie esa expectativa. Con nuevos aires, nuevos instrumentos, desde luego.

–En sus dos últimos informes, el GIEI fue muy enfático en la importancia de revelar la totalidad de los documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) de Guerrero como el último eslabón que faltaría para llegar a la verdad sobre el paradero. La Sedena niega su existencia.

–Nosotros también lo planteamos y en el addendum del segundo informe de la Covaj publicamos los folios que se encontraron en el Cerfi. Se debe seguir investigando.

–Esos son los documentos que Sedena todavía sigue negando. ¿Qué se puede encontrar ahí?

–Puede haber información muy valiosa y mucha que no lo es; alguna relacionada con Iguala, otras no. Por ejemplo: hay un documento foliado que yo encontré en los archivos de la sección de Inteligencia del Ejército que decía ‘documento secreto’. Son los cerfis con las conversaciones de El Gil (Gildardo López Astudillo, jefe regional de Guerreros Unidos. Y eso se hace de manera automática, no fue por azares del destino. Por eso la Covaj demanda obtener todos los cerfis.

(Ese documento es la transcripción de mensajes de texto clasificados como conversación de interés en las intercepciones telefónicas que se hacen en la central de inteligencia militar. Ahí es donde comentan que ya tienen a un grupo de estudiantes, que ya hay que aterrizarlos en unas camas y que hay que reventarlos. Mencionan dos sitios, Pueblo Viejo y una Cueva de los Lobos. Hay al menos 18 folios más con intercambios similares).

–¿Entonces sí tiene sentido demandar la entrega de todas las transcripciones seriadas del Cerfi?

–Totalmente. Y fue el Presidente quien me indicó que los hiciera públicos.

Romper el pacto de silencio

–Transcurrieron 10 años, dos presidentes, grandes recursos invertidos y sólo se han identificado restos de tres de los 43 muchachos.

–¿Me preguntas si vamos a encontrar a los otros? Va a ser muy difícil. Hemos peinado todos los sitios susceptibles. Sabemos que incluso a algunos cuerpos los cambiaron de lugar. Falta que algunos responsables den información. Hay que romper con el pacto de silencio y eso puede llevar a encontrar más.

“Pero hay que tener en cuenta que han pasado 10 años, erosión, lluvia, fauna. No sólo trabajamos con los equipos oficiales, sino con las comunidades, las madres buscadoras de Iguala, con Los Otros Desaparecidos; en Tepecuatlico, Huitzuco, Carrizalillo, Iguala, Ape­tlanca, Taxco, por todos los puntos cardinales del norte de Guerrero hasta los hornos crematorios de Acapulco. Yo mismo me metí a investigar a los hornos crematorios de Iguala, a revisar sus bitácoras de esas fechas. Hubo ocasiones en las que estuvimos hasta tres semanas trabajando en el lugar, en la zona de la Barranca de la Carnicería, a lo largo del río Mezcala.

–En su opinión, ¿cuál es el balance de lo que logró López Obrador en el caso Ayotzinapa?

–Yo digo que fue muy bueno, con todo y lo que ha sido cuestionado; con todo y las resistencias que encontramos, yo creo que se hizo una muy buena investigación. Y no solo nosotros… los papás y las mamás, las organizaciones, el Centro Geo del Conahcyt.

–¿Diría que la judicialización será el desafío principal de Claudia Sheinbaum en este caso?

–Bueno, de la fiscalía. Está en sus manos.

–¿Y el papel del Poder Judicial? En el segundo informe de la Covaj hay un extracto con las resoluciones que han tomado distintos juzgados. Hay uno que incluso opinó que la desaparición forzada es prescriptible.

–Sólo te comento uno. El juez que ordenó la libertad de 42 presuntos responsables por haber sido torturados en el proceso, en lugar de abrir proceso contra los torturadores y reponer el procedimiento, les dio libertad absolutoria. Y es parte de la impunidad.