Hace 10 años, Ayotzinapa cambió la historia del país. Hace 10 años, los estudiantes normalistas sembraron semillas de lucha que continúan siendo fruto políticamente vivo de resistencia. Hace 10 años, las juventudes de México y el mundo entero se unieron por una causa común, por la búsqueda de la verdad y la justicia que aún no es posible tener.

Hace 10 años, las escuelas normales rurales volvieron a ser centro de ejemplo de organización política y social para el país. ¿Cuánto ha pasado en esta década de búsqueda por nuestros 43 compañeros normalistas desaparecidos ese 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero? En términos de verdad y justicia, poco. No sólo han pasado dos administraciones federales de distintos colores que no han podido brindar la información requerida para encontrar respuestas para las familias de los compañeros normalistas, sino que han criminalizado la lucha de sus madres y padres, así como de las organizaciones y personas acompañantes.

Han sido 10 años en los cuales la posibilidad de transformación de la impunidad a una verdad histórica basada en evidencias, encaminada a la reparación integral, al derecho, a la no repetición y reivindicativa de la exigencia de las familias de los 43 normalistas, simplemente no llegó. En cambio, se perdió entre una lucha discursiva populista a la defensiva de una institucionalidad que jamás ha respondido a las víctimas de los crímenes del Estado.

Son 10 años donde el Estado mexicano apostó por un gobierno de alternancia que tampoco supo ponerse a la altura de las familias, escucharlas y, sobre todo, asumir la responsabilidad de los fallos que tiene su sistema de justicia, sus militares, sus políticas de seguridad, sus programas anticorrupción, que podrán tener de todo, menos un enfoque de derechos humanos y una perspectiva sensible y centrada en las necesidades de las víctimas.

La violencia institucional y simbólica a la que se han enfrentado quienes buscan justicia para los 43 normalistas ha sido palpable y significativa, no sólo durante el caminar, sino también para lo que viene en el futuro. Pues, a pesar de que se insistió en clarificar el involucramiento de la policía municipal y elementos militares en la noche del 26 de septiembre de 2014, esta administración federal saliente decidió no generar condiciones para ello.

Por el contrario, justo un día antes de la conmemoración de esta década de lucha, el gobierno prefirió “celebrar” esta resistencia dando mayores facultades y poder a la Guardia Nacional, un cuerpo de militares que ahora tendrán mayores posibilidades de estar exentos de ser juzgados por los crímenes de Estado que cometan, respaldados por la ley.

Entonces, ¿dónde queda la protección de los derechos humanos y la justicia para las víctimas? Si con las condiciones institucionales pasadas, donde había leyes, mecanismos e instancias (incluso con deficiencias) a las cuales recurrir para ello, aún no hay verdad para los crímenes de Estado cometidos en el pasado, ¿qué podemos esperar con un panorama gubernamental cada vez más cerrado y sin posibilidades de accionar autónomamente? ¿Cómo podremos salir de la simulación institucional de atención y de las promesas de campaña para convertirlas en respuestas certeras para las familias de las víctimas de desaparición forzada?

Desde la sociedad civil organizada se confíó en que un gobierno de alternancia, comprometido con el pueblo y sus demandas podría brindar caminos para la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas de la desaparición de los 43 normalistas, pero no fue así.

Fue una administración más que no supo poner a las víctimas como prioridad ante las esferas de complicidad y encubrimiento de quienes se tienen indicios de que estuvieron involucrados, entonces ¿dónde nos queda la esperanza? En el Estado mexicano definitivamente no. Pero sí en la lucha, el compromiso y la resistencia en búsqueda de la verdad que han mantenido las madres, los padres, las personas y organizaciones acompañantes.

En la construcción de la memoria colectiva que mantenga viva la exigencia de las víctimas de los crímenes de Estado y de las violaciones a derechos humanos, para que no queden en el olvido. Y que continúe la esperanza en la organización colectiva que permanezca sembrando la tierra de verdad y justicia hasta encontrar a cada hijo que desapareció.