Pachuca, Hgo. Por 25 votos a favor ( incluido el del PRD) y cinco en contra, la 66 legislatura local del estado de Hidalgo aprobó por mayoría la reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (que previamente fue avalada por el Congreso de la Unión y el Senado de la República) para incorporar a la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Así, Hidalgo se convirtió en el estado número 21 en avalar la reforma constitucional.

Tras un breve debate entre legisladores de Morena - que respaldaron la reforma -y del PAN ,PRI y Movimiento Ciudadano (MC) que se pronunciaron en contra- al final la iniciativa fue aprobada con mayoría calificada, con 25 votos a favor y 5 en contra.

A favor votaron 16 diputados de Morena, 4 de Nueva Alianza, 2 del Partido del Trabajo (PT), 2 más del Partido Verde Ecológista de México (PVEM) .

De forma sorpresiva también votó a favor el único diputado que tiene el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el congreso local.

En contra , sufragaron dos legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI); dos del Movimiento Ciudadano (MC); y uno del Partido Acción Nacional (PAN).

José Luis Rodríguez Higareda, del grupo legislativo de Morena dijo que la GN "es una fuerza policial de carácter permanente que cuenta con personal cuya disciplina ,formación y adiestramiento son de igual calidad que la que tienen las fuerzas castrenses, con una profesionalización, valores y filosofía de carácter estrictamente policial que garantiza la seguridad pública con respeto irrestricto a los Derechos Humanos, acordes con la normativa nacional y estándares internacionales en la materia'".

Aseveró que la reforma "tiene el propósito de brindar un marco jurídico que otorgue certeza a la participación auxiliar, extraordinaria y complementaria de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública a fin de hacer frente a la violencia e inseguridad generadas principalmente por el crimen organizado".

Por su parte, la también morenista Diana Rangel Zúñiga dijo que la iniciativa busca que la Sedena aporte a la GN adiestramiento y logística necesarios para combatir a la delincuencia.

Comentó que no busca la militarización como ha propagado la ultraderecha en aras de desinformar y tergiversar lo que realmente se busca.

Dijo que la GN es un cuerpo policial que tiene como prioridad defender los derechos humanos, y que está al servicio del pueblo y no de las elites ni de intereses económicos como ocurría cuando otras corporaciones policiacas de sexenios pasados que están al servicio de la delincuencia organizada.

Claudia Lilia Luna del PAN se pronunció en contra al argumentar que "con base en un análisis técnico, legal y democrático","la incorporación de la Guardia Nacional bajo ese mando representa una clara militarización de las funciones de la seguridad pública" y que "la inclusión de una institución militar en tareas que le corresponden a cuerpos civiles de seguridad es contraria a los principios democráticos y vulnera el marco constitucional" .

Agregó que "la militarización de la seguridad no ha sido efectiva para combatir la violencia de forma sostenida; por el contrario ha exacerbado violaciones a los derechos humanos y ha generado desconfianza en la ciudadanía hacia las instituciones de seguridad en países que han adoptado modelos militarizados".

En el mismo sentido se manifestó la priísta Montserrat Hernández, quién puntualizó que no es posible dejar en las fuerzas armadas cuya tarea es defender al país de agresiones extranjeras en materia de seguridad interna.

Dijo que la policía y el ejército fueron creados para fines distintos que se deben de respetar.

Aprueban por unanimidad reforma en materia de comunidades indígenas y afromexicanas

En contraste, en la misma sesión se aprobó por unanimidad de los 30 diputados de todas las fracciones políticas, el dictamen que reforma, adiciona y deroga el artículo segundo de la Constitución en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

Los legisladores de todas las fracciones representadas en el congreso manifestaron su apoyo a la iniciativa presidencial al coincidir que era necesario garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afro mexicanos, los cuales a lo largo de la historia ha sido discriminados y olvidados.

También señalaron que la iniciativa va a repercutir de manera positiva en el estado de Hidalgo, donde más de 300 mil habitantes hablan alguna lengua originaria.

Además de que es un estado multicultural, ya que Hidalgo fue asiento de varias culturas ancestrales entre ellas la otomí, náhuatl, huasteca, tolteca, tepehua y otras más.