envié una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubo matanzas, imposiciones. La llamada Conquista se hizo con la espada y con la cruz.
Esa exigencia, llanamente desatendida por el jefe de Estado del reino de España, el rey Felipe VI, es el telón de fondo de que la invitación a la toma de posesión de Sheinbaum se hubiera enviado sólo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del PSOE, y no al monarca hispano.
Cierto es que no corresponde a ningún gobierno extranjero calificar las formas de gobierno que cada nación se imponga, y en circunstancias ordinarias se debió haber invitado al mencionado rey en cuanto la Constitución hispana lo define como jefe de Estado (la simple mención del cargo, y del aparato parasitario y mercantil que le acompaña, genera repulsa en este tecleador, además del cochambroso y delictivo expediente del antecesor, Juan Carlos, padre de Felipe VI).
Pero, en el caso, no se trata de una intromisión en el régimen hispano (una monarquía parlamentaria), sino una forma de protesta contra la figura protocolaria de mayor importancia en ese régimen por la grosería y el menosprecio de no atender ni responder de manera adecuada la exigencia del mandatario mexicano. Y, a fin de cuentas, más allá de estos diferendos diplomáticos e históricos, están a salvo los intereses empresariales españoles (bancos, construcción, comercio), con grandes beneficios económicos, mayores incluso que en su matriz.
Más de 350 académicos, intelectuales, artistas, activistas y periodistas (entre los que se incluye al autor de esta columna) firmaron un pronunciamiento:
“Hoy, al terminar el sexenio, en el caso Ayotzinapa NO HAY VERDAD NI JUSTICIA. Por ello (...) demandamos a la presidenta electa:
“–Un compromiso renovado para restablecer las investigaciones con una fiscalía consensuada con las madres y padres de los 43 y los organismos defensores de derechos humanos que los acompañan, para retomar las pesquisas interrumpidas tras la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo.
“–El cese inmediato del hostigamiento mediático desde la Presidencia hacia las madres y padres de los 43 y los organismos defensores de derechos humanos.
“–El firme compromiso de verdad y justicia por parte del nuevo gobierno, para asegurar que los responsables, civiles o militares, sean llevados ante la justicia, sin exoneraciones políticas ni mediáticas, hasta que las investigaciones concluyan.
“–Retomar el proceso de Ayotzinapa como una cuestión de Estado, indispensable para la democracia, el estado de derecho, el combate a la impunidad y, en particular, para la memoria, la verdad y la justicia.
“–Y La entrega inmediata de los 800 folios militares relativos a la desaparición forzada de los 43 compañeros normalistas.”
También se señala que la indignación por los 43 desaparecidos no es sólo por este caso, sino por las miles de personas desaparecidas que hay detrás de ellos
. También se mencionan las comisiones e instancias creadas por la actual administración federal, y consideran “importante destacar el reconocimiento de las desapariciones forzadas en Iguala como un crimen de Estado.
Sin embargo, a partir de 2022, estos avances comenzaron a revertirse, descarrilando el proceso de investigación y deteriorando la relación entre la Presidencia y las madres y padres de los 43. En especial las investigaciones se entorpecieron cuando se hizo visible el papel del Ejército
. El listado completo de firmantes puede revisarse en: https://goo.su/68nAPAi , y quien lo desee puede sumarse con su firma en: https://goo.su/dBwjB. ¡Hasta mañana!
Facebook: Julio Astillero
