Ciudad de México. Es necesario abaratar el costo de las unidades eléctricas mediante programas y esquemas financieros, explicó Nicolás Rosales Pallares presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM).
Recordó que el 30 de septiembre vence el incentivo gubernamental para autos importados, que representa una exención arancelaria del 15 al 20 por ciento.
Consideró que, si no se abarata el costo de los vehículos eléctricos, ya sean públicos o privados, no podrá implementarse una verdadera electromovilidad en México.
Se pronunció “por la aplicación de una política pública más agresiva, que incluya programas y esquemas financieros, además de las ventajas actuales, como extinción del pago de la tenencia, de la verificación vehicular, así como la posibilidad de circular todos los días”.
Recordó que “el gobierno implementó un incentivo para que no se pagaran impuestos a los autos importados eléctricos, el cual está a punto de concluir, ya que, al 30 de septiembre, con la conclusión del mandato constitucional de la Presidencia de la República, esa exención arancelaria, que representa actualmente entre el 15 al 20 por ciento del costo total de la unidad, quedará sin efecto”.
Agregó que la infraestructura necesaria para la recarga de estas unidades, es todavía limitada, “no solamente se trata de producir la energía eléctrica, sino transferirla, crear lugares de recarga e incluso el tema del almacenamiento de esa energía, que apenas está en estudio”.
Indicó que de acuerdo con la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico (AMIVE), “en los próximos seis años, México deberá instalar una red de transmisión y distribución adecuada para la electromovilidad y llegar a un acuerdo para que exista un solo conector tanto en las electrolineras como en los vehículos, ya que actualmente existen varios tipos, todos incompatibles, de lo contrario, en el país no se podrán cumplir los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
