Ciudad de México. Los 16 jueces del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales de la Ciudad de México, solicitaron una audiencia con la presidenta electa Claudia Sheinbam Pardo, así como con legisladores de las diferentes bancadas, para que una comisión de togados especializados en la materia expongan la necesidad de dar un trato diferenciado al sistema de justicia laboral implementado con motivo de las reformas públicas del 1 de mayo de 2019, a fin de instrumentar de manera armónica las normas reglamentadas de la Reforma Judicial con los tratados internacionales y con los Derechos Humanos reconocidos en la constitución.
En un documento, también pidieron que se preserve en las leyes secundarias el sistema de justicia laboral que como titulares especializados en la materia representa para así, en reciprocidad con los socios comerciales internacionales den cumplimiento al anexo 23 del T-MEC. “De no ser posible atender el punto que antecede, se solicita postergar el sistema de elección de jueces y magistrados especializados en la materia mediante voto popular, durante el tiempo que se encuentra vigente el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC)”.
Los jueces advirtieron que las autoridades federales tomen en cuenta que si no se hace una reserva adecuada a la reforma judicial promulgada el 15 de septiembre de 2024, se causaría un impacto desfavorable en el derecho del trabajo; en los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano, en la economía nacional y en el desarrollo del país, así como en el bienestar de la clase trabajadora y sus familias quienes merecen tribunales y jueces especializados “que bajo la tutela de esta Cuarta Transformación, han sido entrenados para atender los reclamos de justicia social de la población, que lo único que pide es la satisfacción de los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política Mexicana y los tratados internacionales”.
Consideraron que la reserva que debe contemplarse en la legislación reglamentaria de la Reforma Judicial, debe tener a un método de elección distinto al voto popular y directo, pero que sea democrático, para lo cual sugirió que la aplicación de concursos de oposición sea abierto a toda la población en la que puedan participar de manera general los licenciados en derecho que desean inscribirse, sin importar si forman o no parte del Poder Judicial de la Federación.
Que los concursos cuenten con tres etapas, la primera conformada por un cuestionario teórico, la segunda por la elaboración de un caso práctico, y la tercera por un examen oral ante un sínodo que tenga amplio conocimiento de la materia.
“Lo que se sostiene, porque no existe mayor ejercicio de democratizador que aquel que permita a cualquier persona que desee concursar, acceder al cargo de Juez de Distrito Especializado en Materia Laboral siempre y cuando se demuestre que dicho participante es el más apto entre los demás concursantes, por reunir los principios de imparcialidad, excelencia, profesionalismo y objetividad tal como ocurrió en el proceso de selección de jueces especializados en materia laboral pues fue abierto a todos aquellos que reunieron los requisitos sin que fuera necesario ser integrante del Poder Judicial de la Federación”.
