Monterrey., La señora Marcela “N”, acusó a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, de no investigar un presunto feminicidio en la muerte de su madre, María Petra, cuyos restos mortales permanecen desde hace un año en el Servicio Médico Forense, solo que sin autopsia de por medio, se dispuso de los órganos de la difunta y por única explicación le indicaron que “los tiramos a la basura”, lo cual es un delito y levanta la sospecha de un posible tráfico de influencias y encubrimiento de un crimen.

“El detalle está en que mi madre murió de una manera inexplicable”, comienza Marcela.

El cuerpo de María Petra, entonces de 83 años, cumplió un año en el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales en Monterrey. Marcela lo protege mediante un amparo, ante la prisa mostrada por las autoridades para inhumar el cuerpo.

“La Fiscalía es renuente, no quiere hacer ningún acto de investigación. Aquí hay mucho tráfico de influencias. Es, desafortunadamente, un caso más de los muchos que he visto en la Fiscalía… que no avanzan sus carpetas y las carpetas que llegan a avanzar son de la gente con dinero”

La madre de Marcela, María Petra murió al menos cinco días antes que encontraran su cuerpo el 4 de agosto de 2023 en su casa de la colonia Roma, al sur de Monterrey. Una vecina reportó los olores fétidos. A Marcela le avisaron ese mismo día, pero nadie sabía a dónde llevaron los restos de su madre.

El cuerpo de la mujer, de 83 años, se localizó cuatro horas después que Marcela denunció su desaparición. Ministeriales de la FGNL lo encontraron en un crematorio en el municipio de Escobedo. La denuncia se registró con el número: 99030/2023-CDV.

Los restos fueron trasladados de su casa sin una autopsia, acta de defunción u orden de cremación. Marcela estaba en Alemania, visitando a su hija, pero desde allá logró que no los incineraran. Evitó que desaparecieran las evidencias. Quiere justicia, que se revisen todos los indicios. Por eso el cuerpo de María Petra cumplió un año en el Servicio Médico Forense (Semefo).

Marcela menciona el nombre de una familiar menor que ella. La mujer a quien acusa de ser presunta responsable de la muerte de su madre, fue la que sacó a María Petra de la casa hogar donde estaba y luego la abandonó en la vivienda de la colonia Roma y quien contrató los servicios del crematorio de Escobedo. Aseguró no poder decir su nombre o parentesco por cuestiones legales.

“En este caso la Fiscalía sí sabe quién ocultó el cuerpo, quién trató de deshacerse del mismo, quién trató de cremar el cuerpo, todo eso lo saben, detalles que yo no puedo revelar, pero sí tiene conocimiento y la Fiscalía no quiere ver ningún imputado”, dijo la mujer.

Con 83 años, María Petra necesitaba atención permanente, por eso, antes de irse a Alemania a ver a su hija, a quien no veía desde la pandemia; Marcela la dejó en una casa hogar exclusiva en la colonia del Valle, en San Pedro Garza García, pero para el 10 de julio de 2023, la familiar firmó una carta responsiva y la sacó del lugar.

“Hay una persona, ya confesó que la abandona totalmente a mi madre, que no le procura alimentos y por la declaración de esta persona, que la Fiscalía la quiere manejar como un testigo, sabemos que mi madre no tuvo alimentos cerca de 20 días, hasta que fallece”, comentó Marcela.

En octubre de 2023, Marcela declaró ante medios de comunicación que el móvil se pudo tratar para intentar cobrar una herencia que incluiría la casa de la colonia Roma, valuada en 15 millones de pesos.

Ante la negativa del encargado de la FGJNL, Pedro Arce Jardón y de Griselda Núñez Espinoza, fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, de realizar la debida investigación y negarle audiencia, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso.

Reitera Marcela, habitante de la colonia Fabriles en Monterrey, hay retraso en las investigaciones. Ni siquiera me permitían realizar una segunda autopsia, con peritos independientes.

“En Semefo me han negado por mucho tiempo ver el cuerpo, me negaron entrar con un perito particular y hasta que por amparo le ordena a la Fiscalía que le dé acceso al cuerpo a mi perito, fue cuando entramos, pero lo nuevo que me salieron es que vaciaron el cuerpo, le quitaron los órganos para que no se puedan analizar”, ya que presuntamente la señora murió de un infarto.

El cuerpo de María Petra presenta signos de violencia, tiene varias costillas fracturadas y moretones en su cuerpo, además de cinta canela en los labios, evidencias que la Fiscalía  no sabe o no quiere explicar, por ello pide ayuda al gobierno federal. Por eso es que aún protege el cuerpo de su madre, para que no sea inhumada y el presunto delito quede impune.

“Yo le pido que por este medio, el señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, y la nueva presidenta electa, Claudia Sheinbaum, me escuchen… porque el problema es la negligencia de la Fiscalía del estado; yo les pido que, por favor, volteen a ver a una servidora y a mi difunta madre que no se hace justicia, porque la Fiscalía no quiere investigar”.

“Uno busca la justicia porque no es justo que mi madre haya muerto por falta de alimento o por abandono, eso no es justo”, la dejaron morir, presuntamente la agredieron y le vaciaron las cuentas de las pensiones que tenía como viuda, como ex trabajadora de la Comisión Federal de Electricidad y la Pensión del Bienestar.

Recapitula, negligencia, tráfico de influencias y un presunto crimen, rodean al caso que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, se niega a investigar a fondo.

La quejosa, señala que la indagatoria que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado, a cargo de Pedro José Arce Jardón, no avanza, pese a que ella ya interpuso una denuncia en contra de quien resulte responsable. 

Indicó que desde el 10 de julio del 2023, la familiar , acudió al DIF Estatal, donde firmó una carta responsiva, para hacerse cargo de su madre, a la cual llevó a la casa de ésta en la colonia Roma y la abandonó a su suerte, hasta que se dio el deceso, denunciado por una vecina que percibió fétidos olores procedentes de la vivienda que habitaba la anciana.

Presumió que cuando se encontró finalmente el cuerpo de su madre, ésta ya tenía al menos 13 días de haber fallecido, aunque en la autopsia realizada por un médico oficial, dijo que tendría de 3 a 5 horas de haber fallecido.

Al menos dos funerarias que fueron llamadas por la familiar, para prestar el servicio para la mujer fallecida, se negaron a hacerlo, al ver el estado en que se encontraba el cuerpo, que tenía 6 costillas rotas, cinta canela en el rostro y en franco estado de descomposición, el 4 de agosto del 2023, denunciándose el hecho el 5 del mismo mes.

También la denunciante señaló que se intentó cremar el cuerpo en un crematorio clandestino ubicado en el municipio de Escobedo, pero ahí también se les negó la diligencia por lo irregular del caso y la premura con que se quiso tramitar.

La titular de la Vicefiscalía de Control y Desarrollo en la Procuración de Justicia, Mónica Reyes Garza, dijo, nos ha atendido, con una notoria preferencia hacia mi familiar, a quien le ha llamado personalmente, tal vez porque el despacho que la representa es de los más influyentes y caro de la ciudad.

El móvil, de acuerdo a Marcela es la herencia que dejaría su madre, consistente en una casa en la colonia Roma, valuada en unos 15 millones de pesos, reiteró.

Actualmente, dijo, no existe una acta de defunción, pues el Registro Civil se ha negado a expedirla, por la falta de un certificado de autopsia válido, por lo que el cuerpo de la anciana lleva ya un año en el Servicio Médico Forense (Semefo).

Sintetizó Marcela “N”, que desde el 22 de julio del 2023, ya no tuvo contacto con su madre, pues viajó al extranjero y ya no supo nada, hasta que se enteró de la muerte de su progenitora, cuyo parentesco acreditó con la prueba del ADN.

Otra irregularidad en la investigación, dijo, fue que el presunto perito, solo exhibió constancia de médico cirujano partero, nunca de médico legista experto en este tipo de eventos.

Indicó que el primer funcionario de la Fiscalía que tuvo conocimiento del caso, consideró que había suficientes elementos para configurar un feminicidio y el encargado de la Fiscalía de Nuevo León, solicitó a un juez federal asegurar el teléfono de la familiar, para revisar las llamadas de los días previos al deceso de su madre, que presume no fue por causas naturales.