Mientras sicarios asesinan a líderes de derechos humanos para proteger intereses privados, trasnacionales demandan a Honduras por frenar inversiones mafiosas realizadas durante regímenes golpistas, anteriores al gobierno de Xiomara Castro.
Juan López se suma a la lista de personas defensoras del ambiente a las que se ha asesinado por oponerse al extractivismo, muchas veces coludido con el narcotráfico. Fue asesinado el 14 de septiembre al salir de misa. Lo conocí cuando vino a Washington en 2019 para recibir el Premio de Derechos Humanos LetelierMoffitt del Institute for Policy Studies, en nombre del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (Cmdbcp), acompañado por una amplia delegación. Al aceptar el premio, dijo con valentía que “el ojo del huracán del capitalismo mundial parece que es la droga, en torno a la cual se levantan plantaciones agroindustriales, mineras y otras”.
La mejor descripción de Juan la hace el Cmdbcp ante el asesinato: “Juan López. Un amigo, un hermano, un guía incansable que dedicó su vida a la defensa de la naturaleza, la justicia y el bienestar de las comunidades más vulnerables. Humilde y sabio, su labor no buscaba protagonismo, sino que se enraizaba en las aldeas, entre la gente, educando y empoderando con el deseo de que el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía fuera libre y que el pueblo aprendiera a defenderse del extractivismo y las fuerzas que oprimen. Fue un hombre de profunda fe, enamorado de la vida, de la gente y de la esperanza, que, con serenidad y convicción, abrazó la causa de la justicia, dejando un legado imborrable en los corazones de quienes le conocieron” (https://tinyurl. com/5xzybcbj).
El premio se otorgó al Cmdbcp del municipio de Tocoa por defensa del río Guapinol, ante los embates de industrias extractivas con capitales estadunidenses, canadienses y europeos. La respuesta del gobierno hondureño anterior, de Juan Orlando Hernández, extraditado y condenado en EU por narcotráfico, fue la represión, la militarización de la región, y el arresto de ambientalistas. El gobierno de Xiomara Castro, pese a la situación de riesgo, no ha implementado las medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2023 (CIDH), “contribuyendo a un ambiente de terror y vulnerabilidad en la zona”, como dice el comité.
Juan, al aceptar el premio, advirtió que “ante este imperio neoliberal, con el espíritu de Berta Cáceres, decimos: ¡Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo!”
El asesinato de Juan ha cimbrado almas más allá de Honduras. Congresistas estadunidenses, como Schakowsky, McGovern, Raskin y Chuy García, exigen justicia. Este último tuiteó: “el sábado fue asesinado el defensor del agua hondureño Juan López. Es el cuarto activista asesinado desde 2023 por oponerse a la minería ilegal en la zona de Guapinol. Apoyo firmemente una investigación internacional independiente sobre estos crímenes” (https://x.com/RepChuyGarcia).
Organizaciones de fe y no gubernamentales, que tienen una larga trayectoria trabajando por los derechos humanos en Honduras (https://tinyurl.com/2zrv4r4c), también llaman a Castro a que cumpla su promesa de campaña de frenar la minería a cielo abierto en el país y fortalecer la protección a ambientalistas. Indican que Honduras es uno de los países más peligrosos para ellos en el mundo, con 18 asesinados en 2023, según Global Witness. La CIDH ha condenado el asesinato de Juan (https://tinyurl.com/54b5tsf9).
Esta violencia en Tocoa, perpetrada por intereses mineros como los del proyecto de Emco Holdings/Los Pinares/Ecotek, no es aislada. Es parte de la maquinaria de impunidad con que operan empresas trasnacionales en toda la región y del aparato seudojurídico bajo tratados de libre comercio y de inversiones con que cuentan para amordazar y demandar a los estados.
Coincidentemente, la semana pasada, mis colegas Jen Moore (Institute for Policy Studies), Luciana Ghiotto (Transnational Institute), Karen Spring (Red de Solidaridad con Honduras) y Aldo Orellana (Terra Justa), viajaron a Honduras a presentar el informe Demandas mafiosas contra Honduras. El documento muestra cómo la mayoría de las demandas bajo el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado, en el Ciadi del Banco Mundial (del cual y por lo cual Honduras ya se ha retirado) han sido interpuestas por trasnacionales “cuyas inversiones irregulares fueron realizadas durante la narcodictadura de … Juan Orlando Hernández”, las cuales “invisibilizan a las comunidades locales, afectadas por los proyectos de inversión” (https://tinyurl.com/ yc7hfrmd). Como indica el informe “la demanda más costosa contra Honduras ha sido interpuesta para tratar de contener los esfuerzos de la actual administración de desmontar el andamiaje normativo de las zonas de empleo y desarrollo económico tras el golpe de Estado. La estadunidense Próspera reclama 10 mil 775 millones de dólares, casi tres veces el plan de inversión pública aprobado para 2024” (https://tinyurl.com/mr3dvs46).
Dejo aquí las últimas palabras escritas que recibí de Juan López, el 21 de julio, como recuerdo de este gran defensor y ser humano; un ejemplo para seguir: “La búsqueda de justicia es mucho más fuerte cuando el opresor de clase sabe que el oprimido está preparado para escuchar y pronunciar su palabra en el lugar, el momento y el tono indicado. La paz es nuestro objetivo, no es silencio, al contrario, la lucha por la paz exige desnudar todos los entierros de la corrupción que existen para que la justicia florezca y la paz sea duradera. No tengamos miedo”.
*Institute for Policy Studies (ips-dc.org) y Transnational Institute (tni.org)
