Ayotzinapa, sus 43 estudiantes desaparecidos, está al final del recorrido obradorista, en el último tramo de la entrega de un poder que el relevante político tabasqueño comenzó a ejercer desde el martes 3 de julio de 2018, apenas pasada la elección, pues Enrique Peña Nieto decidió dejarle todo el escenario y un amplísimo rango de operación cuando aún ni siquiera era presidente electo, y que ha extendido ese mismo poder hasta sus últimos minutos, ocupando centralmente el espacio político, mediático y legislativo junto con una presidenta electa, Claudia Sheinbaum, colocada en segundo plano y con una abierta y continua propensión a elogiar al mandatario saliente y a comprometerse a mantener su legado.
Muy poco se avanzó en el esclarecimiento y la búsqueda de justicia del caso de los normalistas rurales guerrerenses. Aun cuando en algunos puntos procesales hubiera ciertos logros, en lo esencial ha habido cuando menos un estancamiento y, lo peor, se rompió de manera estrepitosa la esperanza que la nueva Presidencia de la República había generado.
Luego de un promisorio primer tramo en el que se crearon instancias institucionales para tratar de llegar a la verdad y la justicia, el mismo gobierno de la llamada Cuarta Transformación fue abatiendo sistemáticamente lo construido y, para tratar de diluir el fracaso y el retroceso, ha intentado de manera infame habilitar como responsables del naufragio retórico, institucional e histórico a los propios familiares de los 43, sus abogados de siempre, los centros de derechos humanos que han sido acompañantes y al activismo social solidario.
A 10 años de la desaparición de los jóvenes, luego de transitar entre las maquinaciones criminales de Peña Nieto, el general secretario Salvador Cienfuegos, el procurador Jesús Murillo Karam y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, y entre las promesas luego gravemente incumplidas del obradorismo, la protesta de los normalistas de Ayotzinapa ha subido de tono (un tono que nunca ha sido bajo) y este jueves, durante una marcha en la Ciudad de México, se expresará la solidaridad de una parte consciente de la sociedad mexicana, entre crecientes signos de una ira acumulada.
En el contexto del expediente Ayotzinapa, específicamente frenado y enconado por el verde olivo, es decir, por la barrera militar que no pudo superar el poder civil, por más retórica oficial que se utilice para pretender implantar lo contrario, se ha confirmado el plan original del actual Presidente de la República de constituir una Guardia Nacional militar, no civil, por más que en dos episodios legislativos anteriores se arguyó, para conseguir el voto de las cámaras a favor, que sólo se buscaban plazos de unos cuantos años para fortalecer lo civil y prescindir de lo castrense: Guardia Nacional militar, sin más disfraz, es lo que ha aprobado San Lázaro y pasará ahora al Senado.
Este domingo, en tanto, se confirmó el diseño partidista que acompañará y vigilará el ejercicio presidencial de Claudia Sheinbaum. Tal como se había perfilado, la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, pasará a la presidencia nacional del partido gobernante, electa sin contrincante interno. En la segunda posición, la secretaría general, quedó Carolina Rangel Gracida, una joven economista michoacana que ocupó dos secretarías en el gobierno estatal de Alfredo Ramírez Bedolla, cargos en la estructura federal y una candidatura a diputada federal que no triunfó.
En una tercera posición, Andrés Manuel López Beltrán como secretario de organización, aunque la atención mediática desplazó a Rangel Gracida y equiparó a la dirigente Alcalde con la presencia y fuerza política del hijo del actual Presidente de la República. En discursos, se precisó que el partido obradorista se aplicará a vigilar que se cumpla con el legado del fundador de la organización y principal figura guinda. ¡Hasta mañana!
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