¿Cómo se implementa un modelo socioeconómico en cualquier país? ¿Es posible hacerlo únicamente convenciendo a la población de la eficacia de dicho modelo, sin trastocar las instituciones y el marco legal anterior? La respuesta es clara: no, aunque muchas voces en México insisten en lo contrario. Todo modelo socioeconómico se expresa en las leyes que lo rigen y en las instituciones que vigilan y aplican dicha legislación.
Como ejemplo, el modelo neoliberal comenzó a implementarse en México durante el periodo de Miguel de la Madrid. Los cambios constitucionales a los artículos 25, 27 y 28 sentaron las bases de las privatizaciones. Salinas, violando la Constitución, no respetó el entramado legal e institucional, y llevó a cabo acciones que dejaban claro que el modelo a seguir tenía como eje principal que prevaleciera el interés privado por encima del interés general, inconstitucional en su tiempo.
Terminando su sexenio, dicho modelo había logrado avanzar, pero todavía le faltaba mucho para consolidarse, por eso, al inicio del tercer sexenio de ese modelo, y para prevenir que se le impidiera consolidar el modelo, Zedillo presentó una reforma al Poder Judicial que, de facto, cambió la configuración ideológica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), le permitió controlarla y allanó el camino a una serie de interpretaciones constitucionales y modificaciones legales que terminarían por consolidar el modelo neoliberal.
La reconfiguración de la SCJN permitió que el modelo económico continuara avanzando. A pesar de que mucha de su implementación era violatoria de la Constitución, la Corte siempre encontró la forma legaloide para interpretar que no lo era.
Un caso en el que esto es evidente es en el sector energético. La Constitución mandataba, antes de 2013, que el servicio público de energía era un sector exclusivo del Estado. Aun así, a partir de 1992, comenzó su privatización de manera ilegal. La Suprema Corte adoptó interpretaciones las cuales permitieron que, a pesar de que la Constitución era muy clara, se fuera privatizando el sector a través de las excepciones que se daban en la ley secundaria.
Es decir, la SCJN permitió que la ley fuera inconstitucional; de igual manera, defendió y protegió a los funcionarios de instituciones que promovieron esta privatización ilegal y el desfalco. Basta con recordar cómo impidió que se destituyera a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía (Sener), a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la revisión de la cuenta pública de 2002, había demostrado el daño patrimonial y desacato al artículo 27 constitucional al implementar contratos con privados, o, como en 2008, a ponencia de José Ramón Cossio, la SCJN invalidó el oficio OASF/1565/05 mediante el cual la ASF comenzaba a investigar una denuncia en la que se presentaban pruebas de subsidios implícitos, mercados paralelos, desfalcos y privatizaciones en el sector eléctrico causados por la política de otorgamiento de permisos que seguía la Federación de la mano de la CRE y la Sener. La SCJN adoptó en ambos casos interpretaciones que permitieron el desfalco resolviendo la forma, nunca el fondo.
Como parte del modelo neoliberal, la CRE se fue fortaleciendo y adquiriendo cada vez más atribuciones. Blindados de la auditoría por los precedentes, continuaron privatizando el sector eléctrico. La SCJN sostuvo dichas interpretaciones hasta que en 2013 el Pacto por México logró cambiar la Constitución. Para entonces, 50 por ciento de la capacidad instalada de generación era privada y tenían cerca de 20 por ciento del mercado total de venta final de electricidad. Lograron este avance gracias a la captura ideológica que Zedillo, Fox y Calderón tuvieron de la Corte, hasta que Peña Nieto logró implementar el modelo con el cambio constitucional y legal de 2013.
La 4T abanderó otro modelo, en el que el Estado debe tener participación en la economía. La electricidad es un servicio público que primero debe buscar mejorar la calidad de vida de las personas, ser un potenciador económico y no sólo un generador de ganancias privadas. El acceso es un habilitador de muchos derechos humanos. Por ese modelo votaron 30 millones de personas en 2018; sin embargo, no fue posible implementarlo al no poder modificar de fondo el marco legal y sus instituciones.
El sector energético mantiene la estructura institucional y legal del modelo neoliberal, que tiene como premisa cuidar los intereses del “mercado”, la utilidad particular por encima de la general. Esto aplica a muchos sectores que son parte de las reformas que se prometieron durante la campaña de la presidenta electa. Ahora, en 2024, Claudia Sheinbaum propuso en su plan de nación consolidar el humanismo mexicano como modelo socioeconómico de México y por ella votaron 35 millones de personas. De ahí la importancia de concretar las modificaciones constitucionales para consolidar el segundo piso de la 4T.
Es prioritario llevar a cabo dichos cambios, no se puede consolidar el humanismo mexicano si no modificamos de fondo el marco legal e institucional que sostiene al neoliberalismo.
X: @aloyub
