Zacatecas, Zac. La fracción legislativa del Partido del Trabajo exigió, a través de la diputada Renata Ávila Valadez, al Gobierno de Zacatecas, así como a la Fiscalía General de Justicia del Estado, atender la demanda de justicia para las 17 mujeres de distintas edades, quienes fueron agredidas física y psicológicamente por decenas de policías estatales, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, en hechos ocurridos en la plaza de armas de la capital zacatecana en marzo pasado.

La legisladora lamentó, a través de un comunicado, que a la fecha, a más de seis meses después de ocurrida la agresión de agentes de al menos dos corporaciones: la Policía Estatal Preventiva y la Policía de Seguridad Vial, no se haya sancionado a ningún uniformado, mujeres y hombres, que agredieron a patadas, golpes y rociando polvo de extintores a las manifestantes que participaron en la marcha y mitin del 8M.

Asimismo, la diputada del PT exigió al gobierno de David Monreal Ávila se le demandó “garantizar el acceso a la justicia y la garantía de no repetición, para las mujeres y para el pueblo de Zacatecas”.

“Aquel día, cuando la manifestación en la Plaza de Armas ya se dispersaba, las mujeres fueron golpeadas, gaseadas y detenidas algunas de ellas, 17 para ser precisas, torturadas; bajo el pretexto de que profirieron supuestas agresiones a policías, y elementos de diversas corporaciones, bajo la coordinación del Gobierno del Estado de Zacatecas, las golpearon, arrastraron, insultaron y torturaron con amenazas de desaparición y muerte”.

Entre las 17 víctimas de aquella agresión, aseguró la legisladora, se encontraban una menor de edad, una mujer con discapacidad y también una adulta mayor.

De aquella agresión hubo miles de testigos, recordó Ávila Valadez: “fuimos testigos de inmediato, con las imágenes de video -grabadas con sus celulares por otras manifestantes-, que le dieron la vuelta al país y al mundo, de la represión a la libre manifestación y de las múltiples violaciones a los Derechos Humanos”.

“Ahí hubo uso excesivo de la fuerza; de brutalidad policiaca; ocurrieron detenciones ilegales y, después, vino la indolencia y el vacío, a la hora de asumir responsabilidades. La violencia ejercida contra las mujeres el 8 de marzo de 2024, es innegable”.

La diputada petista puntualizó el qué, a pesar de aquellos graves sucesos, “hasta hoy nadie ha sido sancionado y, por si fuera poco, las víctimas denuncian malas prácticas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas”, que encabeza Cristian Paul Camacho Osnaya.

Entre otras irregularidades, “las víctimas de la agresión, denuncian que, además de que las carpetas de investigación abiertas, no se encuentren debidamente integradas, y la fiscalía ha solicitado ya una audiencia de vinculación a proceso, para uno sólo de los 17 casos, lo que pone en riesgo el acceso a la justicia”, para las demás mujeres.

“Recordemos: Lo que paso el 8 de marzo pasado en Zacatecas, nos pasó a todas y a todos, porque la violación flagrante a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza es una falta grave, que pone en riesgo a cualquiera que decida manifestarse en uso de sus derechos constitucionales. No importa la historia que decidan contar, atestiguamos la desproporcionalidad del actuar de los elementos policiacos, quienes claramente respondían a una cadena de mando”.

La diputada sostuvo que, al igual que las integrantes del Movimiento Feminista, de la Red Plural de Mujeres de Zacatecas y otros colectivos feministas, “nos damos cuenta de que el Ministerio Público no ha actuado privilegiando los intereses de las víctimas, quienes claramente tienen desconfianza en las autoridades investigadoras”.