Esta situación indecorosa es resultado de la política de multas y recargos del FMI, que impone honorarios adicionales a los países que exceden los umbrales del monto o del plazo de su endeudamiento con el Fondo. Imponer sanciones a países como Ucrania, devastada por la guerra, o Pakistán, un país de ingresos medio-bajos donde las inundaciones hace dos años sumergieron un tercio de su territorio (https://bbc.in/47yA8me), parece algo poco ético para la misión del FMI: mantener la estabilidad del sistema financiero global.
Los recargos no garantizan el pago ni protegen las finanzas del FMI. Su principal efecto es incrementar la carga de los pagos de deuda precisamente cuando los países no pueden asumirlos, contraviniendo el propio fundamento del Fondo, que fue creado para brindar financiamiento contracíclico.
Peor aún, los recargos se han vuelto mucho más onerosos (https://bit.ly/3XTpQdn) para los países endeudados en los últimos años y, así, mucho más difíciles de justificar. En 2020, diez países pagaban estos sobrecostos al FMI; en 2023, con la crisis del covid-19, la guerra en Ucrania y las tasas de interés en alza, esa cantidad había subido a 22 (https://bit.ly/3XTpQdn).
Y más importante aún la tasa básica del FMI aumentó de menos de uno por ciento a cerca de 5 por ciento, haciendo subir la tasa de préstamo total para quienes pagaban recargos hasta 7.8 por ciento (https://bit.ly/4gvNofw). No sorprende que a estos países les cueste salir de las crisis de deuda. Es hora de poner fin a los recargos (https://bit.ly/47A8UeW).
Los defensores de los recargos sostienen (https://bit.ly/3XS215u) que los pagos adicionales desalientan a los deudores de endeudarse excesivamente con el FMI. Pero este argumento de riesgo moral ignora que los préstamos exigen la aprobación del directorio ejecutivo del Fondo, que podría rechazar las solicitudes frívolas, y pasa por alto el hecho de que los recargos vuelven a los países más dependientes del FMI, no menos.
El FMI es un acreedor privilegiado, lo que implica que los países deben pagarle al Fondo antes que a cualquier otro acreedor. La acumulación de recargos por encima de lo que los países ya deben les exige dedicar más divisas escasas para pagarle al FMI, limitando su capacidad de acumular reservas de moneda extranjera y volver a ganar acceso a los mercados de capital internacionales. En este contexto, muchos países no tendrán otra opción que seguir dependiendo del crédito del Fondo para pagar sus préstamos previos con el FMI.
Más allá de las particularidades de la condición de acreedor privilegiado del FMI, los recargos son inherentemente procíclicos. Los factores externos, como las tasas de interés en alza, los shocks de los precios de las materias primas, las monedas sobrevaluadas y los eventos climáticos extremos, muchas veces llevan a los países a pedir prestadas sumas importantes al Fondo. De la misma manera, la capacidad de acceder a los mercados de crédito internacionales y pagarle al FMI antes
depende, en gran medida, de las condiciones financieras globales, también un factor externo. En un contexto internacional adverso, aumentar las obligaciones de los países que sufren crisis de deuda va en contra del objetivo de restablecer trayectorias de crecimiento estables.
Quienes defienden los recargos también sostienen que son necesarios para fortalecer los resguardos financieros del FMI. Pero dejando de lado el punto obvio de que imponerle la carga de crear estos resguardos a los países en problemas financieros no se ajusta a la misión del Fondo de proteger la estabilidad financiera, esta lógica ya no es válida, si alguna vez lo fue.
Este año, el FMI va a alcanzar (https://bit.ly/3XCu3R6) su objetivo a mediano plazo de saldos precautorios (cuya necesidad se ha exagerado sobremanera, dado que los incumplimientos de pago por parte de los deudores son extremadamente raros). Una vez que se haya cumplido ese objetivo, los recargos les estarían sacando dinero a los países de medianos ingresos extremadamente endeudados para gestionar el FMI –reduciendo la carga sobre los países ricos. Pedirles a estos países que financien los bienes públicos globales que brinda el Fondo es un error, especialmente en un momento en que los países deberían estar incrementando la inversión para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (https://bit.ly/4ehMFwX) para 2030 de Naciones Unidas y sus aportes determinados a nivel nacional según el acuerdo climático de París (https://bit.ly/3MQZBhn).
La revisión que el FMI divulgó recientemente (https://bloom.bg/4eah801) de su política de recargos brinda una oportunidad para enmendar un sistema disfuncional. El Fondo debería escuchar a quienes reclaman una reforma de los recargos (https://bit.ly/4gCD7yj), entre ellos la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley (https://bit.ly/47Dgqpl), el G-24 de países en desarrollo (https://bit.ly/3MQZO49) y varios legisladores (https://bit.ly/47D8OTL) en Estados Unidos.
La opción más simple y efectiva sería, directamente, eliminar los recargos. Si esto resulta políticamente imposible, las reformas podrían incluir un tope de los cargos totales por intereses (la tasa básica más los recargos). El FMI, así, impondría menos cargas excesivas a los países endeudados, especialmente en condiciones monetarias restrictivas, y los recargos disminuirían en tanto aumenta la tasa de interés básica del Fondo.
Otros ajustes técnicos ayudarían a reducir la carga. Por ejemplo, el FMI podría aumentar los umbrales para imponer recargos y alinearlos con los límites actuales de acceso excepcional
, más allá de los cuales la situación de un país se considera lo suficientemente extraordinaria como para dar lugar a un préstamo fuera del marco estándar del FMI. Contar lo que un país paga en concepto de recargos como pagos principales de los préstamos del FMI también marcaría una gran diferencia.
Aun si los recargos en algún momento tenían sentido como política, en este momento ya no. Las finanzas del FMI son robustas; las finanzas de países como Pakistán y Ucrania no lo son. Obligar a los países a pagar más no hace más que incrementar su carga de deuda. Esta no es la manera de proteger a la economía mundial o de financiar a la institución encargada de la estabilidad financiera global.
Joseph E. Stiglitz, ex economista en jefe del Banco Mundial y ex presidente del Consejo de Asesores Económicos del gobierno de Estados Unidos, es profesor en la Universidad de Columbia, premio Nobel de Economía y autor de The Road to Freedom: Economics and the Good Society (W. W. Norton & Company, Allen Lane, 2024). Kevin P. Gallagher es profesor de Políticas Globales de Desarrollo en la Universidad de Boston y director del Centro de Políticas Globales de Desarrollo de la Universidad de Boston. Martín Guzmán fue ministro de Economía de Argentina, y Marilou Uy, ex directora de la Secretaría del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro para Asuntos Monetarios Internacionales y el Desarrollo (G-24), es miembro sénior no residente del Centro de Políticas Globales de Desarrollo de la Universidad de Boston.
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