El próximo 26 de septiembre se cumple el décimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Familiares y compañeros de los 43 normalistas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos solidarios con este movimiento que exige justicia y verdad, han iniciado desde hace algunos días las conmemoraciones y movilizaciones propias de un décimo aniversario que se cumple en medio de un clima de impunidad, ocultamiento, incertidumbre y desencanto.
No obstante, entre las tinieblas que rodean el caso Ayotzinapa y el profundo dolor que permanece entre las víctimas y sus familias, en este décimo aniversario también se conmemora un luminoso proceso de digna resistencia sostenido tanto desde la tradición normalista como por las familias y organizaciones en lucha por conocer el paradero de los 43 estudiantes; lucha que el gobierno en turno ha pretendido dividir y que permitió visibilizar a escala internacional la profunda crisis de desaparición en nuestro país, cuya cuenta asciende ya a más de 115 mil personas.
En un esfuerzo de recuperación de los últimos 10 años de esta lucha por la verdad y la justicia, se pueden diferenciar al menos cuatro etapas en torno del caso, marcadas por las distintas pautas de postura y acciones-omisiones del Estado frente a las irrenunciables exigencias de los padres de los estudiantes.
Los hechos de aquella trágica noche del 26 de septiembre, en la que 43 estudiantes fueron desaparecidos, seis personas asesinadas –una con severos signos de tortura– y más de 40 personas sufrieron lesiones, fueron rápidamente maquillados por el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien con un carpetazo pretendió cerrar el caso construyendo la presunta “verdad histórica” que el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, expuso en rueda de prensa. Ni la cautelosa manipulación de evidencias, ni la tortura mediante la que se obtuvieron las declaraciones claves para armar dicha versión de los hechos, fueron suficientes para cesar la búsqueda del paradero de los estudiantes y las exigencias de verdad, justicia y reparación.
El fracaso de la “verdad histórica”, desmentida gracias a la incansable labor de los padres de los normalistas y las organizaciones de derechos humanos que acompañaban el caso, desembocó en una segunda etapa iniciada con la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuya excepcional labor en ese primer periodo permitió avanzar sustancialmente en la búsqueda de la verdad, con ello desmintiendo de manera contundente la versión oficial del gobierno en turno y con el señalamiento como responsables por acción u omisión de personas e instituciones de los tres niveles de gobierno, incluyendo los que manipularon evidencias a conveniencia para fabricar una verdad que obstaculizó y ralentizó las investigaciones auténticas.
El GIEI fue prácticamente corrido del país, en buena medida por la inconformidad de las fuerzas armadas; sin embargo, el cambio de gobierno inauguró una tercera etapa caracterizada por la oportunidad. Las expectativas provocadas por las promesas hechas por Andrés Manuel López Obrador a las familias de los 43 estudiantes, acompañadas por la creación de un nuevo andamiaje institucional, abrieron un nuevo momento político para el caso Ayotzinapa, que alivió las tensiones del movimiento con el Estado y generó una significativa sinergia que, aunque con algunos tropiezos, permitió desmentir oficialmente la “verdad histórica”, gestionar el retorno del GIEI, crear una Comisión de la Verdad a cargo del subsecretario Alejandro Encinas, dar continuidad a las investigaciones mediante la creación de una nueva fiscalía especializada, más la participación activa de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Si bien, el caso tuvo avances significativos, como la detención de personal militar, la propia del ex procurador Murillo Karam, entre otras, el infranqueable muro que ha separado a las fuerzas armadas del deber de transparencia y rendición de cuentas en la investigación ha marcado la cuarta y actual etapa del caso. Distintos medios de prueba, así como la controversial colaboración del recién detenido Gildardo López Astudillo, cuyo nombre de testigo protegido era Juan, reforzó la necesidad de investigar abiertamente a las fuerzas armadas, pues confirma que ellas tuvieron conocimiento de los hechos cuando se suscitaban, observaron de manera encubierta los hechos, tenían intervenidas las comunicaciones de algunos de los participantes y tenían infiltración en el movimiento de los normalistas.
La coyuntura del relevo en la Presidencia de la República nos pone frente a la oportunidad de inaugurar una quinta etapa, cuya concreción dependerá de que Claudia Sheinbaum llame a la cooperación de las fuerzas armadas y reanude los esfuerzos de una efectiva búsqueda de la verdad, lo que ayudará al establecimiento de nuevos códigos de confianza entre los padres de los estudiantes desaparecidos y el Estado. Con independencia de las posturas que decida asumir el gobierno entrante, de lo que podemos estar seguros es de que la lucha por la justicia en el caso Ayotzinapa continuará impulsada por la digna resistencia de los familiares y compañeros de los 43 normalistas.
Como ciudadanía, corresponde reiterar al Estado que su obligación es continuar con las investigaciones de manera honesta y rigurosa, aunque ello implique levantar el velo de los pactos de impunidad. Sólo así podremos dar con el paradero de los 43 normalistas y de las más de 115 mil personas desaparecidas que nos faltan.
