Siete años después del sismo que devastó decenas de inmuebles de la capital, aún continúa el rezago en los trabajos de reconstrucción, sobre todo en los edificios afectados en la zona central de la Ciudad de México, donde en algunos predios ni siquiera se ha colocado la primera piedra, a pesar de que desde hace tres años se realizó la demolición.

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En entrevista, damnificados consideraron que hay diferentes razones de orden legal o burocrático, además de la falta de eficiencia y cambios en la responsabilidad de las diferentes instituciones del gobierno capitalino, e incluso la intención de bajar costos después de la pandemia, lo que ha hecho que lleguen al séptimo aniversario del terremoto fuera de sus hogares.

En un manifiesto, el colectivo Movimiento de Familias Damnificadas del 19-S sostuvo que algunas obras están todavía en un inexplicable freno a su planeación, a la solución de trabas legales o de orden arquitectónico o estructural.

En otras, la reconstrucción ha empezado tarde y camina con una lentitud que no corresponde a su complejidad, mientras en unas más no hay razón para que no empiecen los trabajos.

Indicó que en otros casos, las labores que están cerca de ser concluidas no cumplen con la promesa de ser viviendas habitables, o que se han concluido parcialmente y con múltiples deficiencias.

Héctor de la Cueva, damnificado de la alcaldía Benito Juárez, señaló que, en su caso, la incorporación del Instituto de Vivienda a los trabajos de reconstrucción significó un mayor atraso, ya que se debió revisar de nueva cuenta el proyecto arquitectónico, por lo que apenas están en los trabajos de cimentación.

Una situación similar se vive en Pitágoras 316, inmueble también asignado a la dependencia; Dalia Martínez, una de las damnificadas, expresó que empezaron las obras, pero no les han presentado el plan ejecutivo. No hay certeza jurídica, hacen cambios una y otra vez, y no hay tiempos establecidos.

Los damnificados enlistaron una serie de peticiones, entre las cuales se encuentra el que antes del fin de la actual administración se concluyan todos los trámites administrativos en curso y se les otorgue un instrumento legal para garantizar la continuación de los trabajos en 2 mil 600 viviendas que calculan faltan por reconstruir.