Morelia, Mich. Veintisiete pequeñas comunidades indígenas que cuentan con autogobierno recibieron igual número de patrullas para fortalecer su sistema de seguridad, ya que desde hace más de dos décadas sus habitantes han sido víctimas del crimen organizado, que los ha extorsionado, secuestrado y atentado en contra de su integridad física.

“Los jóvenes mayores de 18 años forman parte de las kuarichas o rondas comunitarias; sin recibir un solo peso de salario y sin armas, la mayoría de las veces”, dijeron autoridades comunales de Tzirio, Donaciano Ojeda y Carapan.

Pidieron a las autoridades gubernamentales que el tiempo que tarda en capacitar a los integrantes de las policías comunales –aproximadamente dos años- se instalen bases de policías estatales en las comunidades para evitar ser víctimas de la delincuencia. Porque además, la Secretaría de la Defensa Nacional sólo aprueba a los policías comunales si estos cuentan con un documento de que fueron capacitados para el uso de armas.

Las 27 patrullas fueron entregadas a las rondas comunitarias o kuarichas frente a palacio de gobierno, a las autoridades de pequeñas comunidades conocidas como anexos tenencias como Santa Fe de la Laguna, Pamatácuaro, Donaciano Ojeda, San Benito Palermo, Zacán, Angahuan, entre otras.

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla manifestó que las patrullas y armas serán entregadas a las comunidades que saben defender sus derechos, pero no como ocurrió en 2014 cuando el comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, se las dio a delincuentes –se refirió a los hermanos Sierra Santana, a Luis Antonio Torres, El Americano, entre otros-, “y continúan perdidas miles de armas que fueron entregadas a presuntas autodefensas”.

El mandatario estatal aclaró que las patrullas y armamento que se está entregando a las comunidades que han solicitado su autonomía y realizaron un proceso legal, y en total suman 40, pero 13 apenas están realizando el proceso de reconocimiento, y una vez aprobado recibirán equipo, patrulla y armas, que deberán pagar con el presupuesto proporcional que les corresponde como parte de un municipio.