Ciudad de México. En la presentación de su informe final relativo a la vista que hizo a México hace un año, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria instó al Estado mexicano a asumir los retos que enfrenta para poner fin a esta práctica que “sigue siendo generalizada” en el país, reiteró su preocupación por la aplicación de la prisión preventiva oficiosa y defendió la independencia judicial.

Al respecto, el gobierno admitió que aún persisten desafíos, pero insistió en que el documento “no refleja adecuadamente el contexto actual” -como lo dijo al concluir la vista de los expertos el 29 de septiembre de 2023-.

La representante permanente de México ante la Oficina de la ONU, la embajadora Francisca Méndez señaló que “en los últimos años se han realizado importantes acciones institucionales para atender” los retos. No obstante, aseguró que la nueva administración que encabezará Claudia Sheinbaum tomará en cuenta la más de una veintena de recomendaciones de este grupo “para fortalecer las políticas nacionales en esta materia”.

En la 57 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, Matthew Gillett, presidente relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, si bien felicitó a México por los avances que ha tenido, como la transición en 2008 a un modelo acusatorio de justicia penal centrado en los derechos humanos, las mejoras en la Ley nacional de aplicación penal de 2016, la introducción de un Registro Nacional de Arrestos y Detenciones, y diversas enmiendas legislativas, también enfatizó que hay factores que permiten que la detención arbitraria siga siendo generalizada.

Citó el problema del uso de la prisión preventiva oficiosa, pues -según el informe-, de las aproximadamente 90 mil personas que estaban sin sentencia en 2022, alrededor del 50 por ciento fue porque estaban sujetas a dicha figura. Ante ello, se sumó a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que dicha medida sea derogada, al igual que la del arraigo.

Gillett también se refirió a la “militarización de la seguridad pública en los niveles federal, estatal y municipal”. En la actualidad, según el informe, se reportan más de 100 mil soldados realizando tareas policiales y de seguridad pública, así como de control migratorio. “Esto ha estado estrechamente relacionado con el aumento de la violencia contra las personas detenidas, las desapariciones y los homicidios”.

Asimismo, el Grupo de Trabajo identificó un uso excesivo de la fuerza durante los arrestos de personas, a quienes se “infligen palizas y torturas para obtener confesiones”, información sobre otros presuntos sospechosos, además de que los malos tratos también se utilizan como forma de humillación y castigo.

Gillett indicó que la detención arbitraria afecta particularmente a pueblos indígenas en México y es ampliamente utilizada en el contexto de la migración. En este último punto, expresó su “profunda preocupado por la detención de facto de niños migrantes”.