Ciudad de México. Estados Unidos anunció hoy la resolución exitosa bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida (MLRR) del T-MEC en el caso de la empresa Impro Industries, ubicada en San Luis Potosí, la cual fue investigada por la denegación de derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva de más de 3 mil trabajadores.
La Representación Comercial y el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informaron que el fabricante de propiedad china puso en marcha un plan de remediación, que incluyó el pago retroactivo y la reinstalación de un trabajador que había sido despedido en represalia por su actividad sindical.
“El anuncio de hoy pone de relieve el papel fundamental que desempeña el MLRR en la protección de los derechos de los trabajadores, garantizando que puedan participar en actividades sindicales sin temor a represalias o despidos”, afirmó la embajadora Katherine Tai.
Al reconocer la reincorporación de Juan Manuel Crespo Castro, delegado especial de la Liga Sindical Obrero Mexicana (LSOM) en la planta y reconocer las “medidas proactivas” adoptadas por la empresa para asegurar los derechos de los trabajadores, la subsecretaria adjunta de Asuntos Laborales Internacionales, Thea Lee externó: “Aplaudimos el acuerdo alcanzado con Impro Industries para resolver las violaciones laborales que identificamos en sus instalaciones y garantizar que se respete plenamente la libertad de asociación”.
Entre las acciones adoptadas por la compañía para subsanar las violaciones laborales, están la adopción y publicación de una declaración de neutralidad y lineamientos sobre libertad de asociación y negociación colectiva, incluyendo una política de tolerancia cero para violaciones a dicha política, además de la explicación de su contenido.
La empresa, especializada en la fabricación de componentes para los sectores de energía, medicina, automotriz y agricultura, también impartió capacitaciones a la gerencia sobre las políticas y lineamientos, que abarcaban su compromiso de respetar el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva y la libertad de asociación.
Este caso deriva de la queja laboral presentada el 24 de junio pasado por LSOM, quien acusó el despido de Crespo Castro por su activismo sindical e inconformidad ante las irregularidades en el proceso de revisión contractual y “omisiones” en el reparto de utilidades por parte de la empresa ubicada en Villa Reyes, San Luis Potosí.
