Como tantas regiones en Chiapas, la comunidad lacandona se ha convertido, desde años, en terreno de operación y disputa del crimen organizado. Formada a partir del Decreto Presidencial de 1972, dotó de 614 mil 321 hectáreas del desierto de la Soledad a 66 jefes de familia lacandones. Desde entonces se encuentra atravesada por múltiples conflictos agrarios y ambientales, a los que ahora se suma la disputa del narco por el control de ese territorio, contra las comunidades.

Lacanjá Chansayab, Frontera Corazal y Nueva Palestina son las poblaciones que integran la comunidad lacandona. En la primera viven lacandones, en la segunda choles y en la tercera tseltales. Son la última frontera en territorio mexicano antes de llegar a Guatemala. Hacia el norte, colindan con comunidades en resistencia.

Como parte de las operaciones del crimen organizado en la región, el 13 de septiembre de 2023, cuatro familias lacandonas fueron desplazadas violentamente de la comunidad de Lacanja Chansayab. El 12 de octubre, fueron atacadas con armas de fuego. Sobre ellas pesan además amenazas de muerte. Si los ven por allí –les dijeron– los asesinarán.

Infamia sobre infamia. El 29 de marzo de este año, en una asamblea de la comunidad de Lacanjá Chansayab, las autoridades de la subcomunidad, apoyadas por elementos del crimen organizado, informaron que iban a tomar posesión de las parcelas, casas y propiedades de los desplazados, despojándolos de todo su patrimonio comunitario y privado, conseguidos a lo largo de décadas de trabajo, sacrificios y esfuerzos familiares.

Como autoridades comunales, los expulsados han cuidado durante décadas el antiguo desierto de la Soledad y, en los últimos años, procurado soluciones negociadas a problemas agrarios con pueblos, ejidos, organizaciones y poblaciones vecinas (en total, 52 ejidos). En situaciones muy difíciles, encabezaron complejas negociaciones con autoridades de los tres niveles de gobierno para buscar el bienestar de las comunidades en la zona.

Son, sin exagerar, ecologistas de los pobres ejemplares, líderes comunitarios y defensores de los pueblos en sus derechos y en su territorio. Han dedicado muchos esfuerzos a salvaguardar la paz y el ambiente de la región.

Sin embargo, La Maña y comuneros aliados aliados a ella, pretenden despojarlos del uso y disfrute de mil 200 hectáreas de laguna Jalisco, donde se ganan el sustento con actividades agrícolas y comunitarias. Pese a tener derecho al pago de servicios ambientales por defender la tierra y los recursos naturales, los narcos y sus empleados han cobrado indebidamente estos recursos. Como intimidación y advertencia de lo que les sucedería, los hampones mataron violentamente a los animalitos de los desplazados.

Las familias desplazadas encontraron cobijo en Nueva Palestina. Comuneros tseltales los recibieron generosamente.

A pesar de la solidaridad sufren hambre, enfermedades, falta de escuelas y un incesante temor. Saben que a esa población entran espías del crimen organizado. No pueden bajar la guardia, ante un posible ataque violento. Sus hijos padecen desnutrición, carecen de aulas y padecen física y sicológicamente.

El narco llegó a Lacanjá Chansayab con apoyo de comuneros. Esa franja de la selva es codiciada para sus negocios e ilícitos. Guatemala es una enorme bodega para operaciones de la industria criminal. Llega todo: drogas, indocumentados, piratería, armas, vehículos robados, contrabando de ganado, personas en condición de trata.

En las pistas clandestinas de esa región los criminales mueven su mercancía. Jóvenes indígenas son usados para transportarla sobre sus espaldas, por caminos de extravío de la zona, hasta Palenque, Tenosique u Ocosingo. La policía estatal cubre a los malhechores. Nadie los toca.

En agosto de 2023 criminales trataron de entrar a Nueva Palestina. Los habi tan tes lo impidieron. Una gran manifes tación, con maestros y niños incluidos, de nunció el acoso que padecían.

Exigieron seguridad en su comunidad. Días después, la inconformidad y la protesta contra la delincuencia se extendió a Frontera Corazal. Los choles hicieron públicas las agresiones sufridas.

Tras las movilizaciones, se instaló una mesa de seguridad en Palenque, con militares y gobierno federal. Se firmaron acuerdos pero no se desmanteló a los grupos del crimen organizado. Eso implica, en algunos casos, que los pobladores deben colaborar con ellos, pagarles derecho de piso y funcionar como su base social.

Las familias expulsadas han presentado múltiples denuncias ante la justicia y en mesas de diálogo. En lugar de respuesta, recibieron la negación de su situación de desplazamiento. Se les dijo que no son desplazados, sino personas en estado de vulnerabilidad, a pesar de no vivir en sus domicilios, porque han sido echados violentamente de ellos, les han hurtado sus tierras, posesiones y animales, y carecen de atención adecuada de las instituciones.

Por eso, demandan “que si el gobierno en sus tres niveles es incapaz de hacer valer nuestros legítimos derechos a la propiedad comunal, el bienestar, al disfrute del patrimonio, así como a los territorios que nos corresponden como comuneros indígenas defensores de la madre tierra, entonces que el gobierno asuma su responsabilidad de indemnizarnos económicamente por el valor de esos patrimonios de los que hemos sido expropiados de manera ilegal e ilegítima por parte del crimen organizado”.

La gravedad del asunto no es sólo la tragedia que viven cuatro familias expulsadas impunemente de sus casas y predios. Y el peligro permanente bajo el que viven. Se trata de una porción clave del territorio nacional. Una verdadera cabeza de playa en sus manos para lo que se ofrezca: negocios, despoblamiento o contrainsurgencia.

X: @lhan55