Madrid. El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, presentó un plan para la “regeneración democrática” en el que busca regular los medios de comunicación, luchar contra los bulos y las noticias falsas y reformar el Código Penal para “reformar” una serie de delitos que están vigor desde la época de la dictadura franquista, como la ofensa a los sentimientos religiosos y a la Corona. El proyecto tendrá que ser validado en el Congreso de los Diputados, donde la coalición del gobierno -Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar- todavía no tienen los apoyos necesarios. La oposición política, liderada por el derechista Partido Popular (PP), tildó la medida de “plan de degeneración”.

En abril pasado, cuando diversos medios de comunicación publicaron noticias relacionadas con la esposa del presidente Sánchez, Begoña Gómez, a la que acusaban de tráfico de influencias, entre otras cosas, el mandatario español anunció que se tomaría unos días de “reflexión” para decidir si valía la pena seguir al frente de su carga ante la “maquina del fango” y las “campañas de intoxicación” que estaba sufriendo él y sus allegados. Finalmente decidió continuar y el día que anunció su decisión también advirtió que presentaría un plan de “regeneración democrática” para “preservarla” de los ataques que “intentan destruirla”. Y ahora, cinco meses después, presentó el plan, que de momento tiene ideas generales y está a la espera de definir las medidas concretas en las negociaciones parlamentarias para conseguir la mayoría, sobre todo porque los distintos grupos parlamentarios tienen exigencias y pareceres diversos, en algunos casos antagónicos.

Uno de los principales objetivos es exigir “más transparencia” a los medios de comunicación, con lo que deberán informar de forma pormenorizada tanto de la identidad de los dueños de las empresas editoras como de los orígenes de sus fuentes de financiación. Sobre todo si reciben dinero público, ya sea del gobierno central, de los comunidades autónomas o de los ayuntamientos o cualquier tipo de organismo público. El órgano encargado de supervisarlos será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). “La ciudadanía debe conocer las fuentes de financiación de los medios, la identidad de sus accionistas, la publicidad institucional que reciben y sus cifras de audiencia de forma honesta”, dice el plan de acción.

En paralelo, el gobierno español pretende reformar la Ley de Publicidad Institucional para acotar aún más la forma de asignar recursos públicos por parte de las instituciones públicos, en el afán de darle más “transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación”.

Desde la oposición, lidera por el PP y respaldada por la ultraderecha de Vox, se atacó duramente a la iniciativa, que tildaron de “plan de degeneración” y alertaron de que sea ahora el gobierno el que tenga la facultad de decidir quién es y quién no es periodista o un medio informativo. También la mayoría de los medios de comunicación críticos con el gobierno alzaron la voz ante lo que consideran una “deriva peligrosa”, que “pone en riesgo la libertad de expresión”.

En cualquier caso, el proceso de negociación y aprobación del plan puede durar meses, incluso años, en el Parlamento, con lo que su aplicación, de llevarse a cabo, no será inmediata.