Teflis. El Parlamento de Georgia aprobó este martes una ley que limita los derechos de las personas LGBTQ+ similar a una aprobada en la vecina Rusia.

El proyecto, presentado por el partido oficialista Sueño Georgiano, incluye prohibiciones a los matrimonios del mismo sexo, adopciones por parte de parejas homosexuales y muestras públicas de aprobación hacia relaciones o personas LGBTQ+, y mencionarlas en los medios de comunicación. También prohíbe la atención médica de afirmación de género y el cambio de designaciones de género en documentos oficiales.

La Iglesia ortodoxa ejerce una gran influencia en Georgia, y las manifestaciones contra la comunidad LGBTQ+ son habituales. El año pasado, cientos de opositores a los derechos de la comunidad gay irrumpieron en un festival LGBTQ+ en la capital georgiana, obligando a cancelar el evento. Este año, decenas de miles de personas marcharon en Tiflis para promover los “valores familiares tradicionales”.

Los “valores familiares tradicionales” son también la piedra angular de la narrativa del Kremlin en Rusia, donde las autoridades prohibieron en la última década el respaldo público a las “relaciones sexuales no tradicionales”, entre otras medidas. La Corte Suprema de Rusia de hecho prohibió todo activismo a favor de las personas LGBTQ+, al afirmar que hay en Rusia un “movimiento” LGBTQ+ al que el gobierno ha declarado ilegal y ha tildado de organización extremista.

La nueva iniciativa fue anunciada por Sueño Georgiano poco después que el país adoptó otra medida que según críticos es copiada de Rusia: la ley contra la “influencia extranjera”. La medida exige que los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales que reciban más del 20% de sus fondos del extranjero se inscriban en el registro de organizaciones que “persiguen los intereses de una potencia extranjera”.

Esa ley ha desatado protestas y ha sido ampliamente criticada, pues muchos consideran que amenaza las libertades democráticas y pone en duda el eventual ingreso de Georgia a la Unión Europea. La nación del Cáucaso Sur, de 3,7 millones de habitantes, solicitó formalmente la adhesión en 2022, tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, pero el bloque frenó su adhesión en respuesta a la ley de «influencia extranjera» y congeló parte de su apoyo financiero. Estados Unidos impuso sanciones a decenas de funcionarios georgianos en respuesta a la ley.

El proyecto de ley anti-LGBTQ+ fue aprobado en su tercera y última lectura, con el voto a favor de 84 de los 150 legisladores. Ahora debe ser firmada por la presidenta Salome Zourabichvili.