Madrid. El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, el español y socialista Josep Borrell, tildó a Venezuela de “régimen dictatorial” y “autoritario” y denunció que “hay más de dos mil personas detenidas arbitrariamente” tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

 

Estas afirmaciones coinciden con una de las peores crisis diplomática entre España y Venezuela, agravada tras la detención en la madrugada del pasado domingo de dos ciudadanos españoles a los que el gobierno de Nicolás Maduro los señaló como parte de un plan elaborado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y España para “desestabilizar” al país, unas acusaciones que el Ejecutivo español, del socialista Pedro Sánchez, rechazó “categóricamente”.

En un entrevista en la cadena española Telecinco, Borrell se explayó en su visión sobre la crisis diplomática abierta con Venezuela, que podría intensificarse si, como se prevé, el Parlamento europeo aprueba en las próximas semanas una moción similar a la del Congreso de los Diputados español, en la que también reconozcan al líder opositor Edmundo González como el “presidente legítimo” y el “ganador” de los comicios. Borrell señaló que “hay más de dos mil personas detenidas arbitrariamente después de las elecciones, el líder de la oposición ha tenido que huir, los partidos políticos están sometidos a mil limitaciones en su actuación, hay siete millones de venezolanos que han huido de su país... ¿A usted todo eso como lo llama? Pues naturalmente, esto es un régimen dictatorial”, aseguró el máximo representante de la diplomacia europea.

 

Borrelll reconoció que más allá de las denominaciones, “con las que no arreglamos nada”, “no nos engañemos con la naturaleza de las cosas. Venezuela ha convocado unas elecciones, pero no era una democracia antes y no lo es, ni mucho menos, después”, añadió. Estas afirmaciones las realizó Borrell a raíz de la polémica que provocó la ministra de Defensa española, Margarita Robles, que también definió a Venezuela como “una dictadura” y que provocó que el canciller venezolano, Iván Gil, decidiera llamar a consultas a su embajadora en Madrid y a pedir explicaciones el representante diplomático español en Caracas.

 

En un tono más conciliador, el presidente español, Pedro Sánchez, afirmó en un acto de su partido que se compromete a “defender la democracia en todos los lugares del mundo, también en Venezuela” y le exigió al gobierno de Maduro que “publique las actas electorales y permita una verificación imparcial e independiente de los resultados de estas últimas elecciones”.

Mientras tanto, el líder opositor Edmundo González, asilado político en España desde la semana pasada, se reunió ahora con el ex presidente José María Aznar, después de haberlo hecho en días anteriores con los ex presidentes Felipe González y Mariano Rajoy, y de haber tenido un encuentro con el propio Pedro Sánchez en la residencial oficial de La Moncloa.

 

Desde el ministerio de Exteriores sólo se han referido al asunto de manera extraoficial, si bien negaron “rotundamente” las acusaciones hechas desde Caracas de que los dos detenidos españoles en Venezuela trabajaban para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que estaban inmersos en un plan de desestabilización del país junto con la inteligencia de Estados Unidos. “El Gobierno ha constatado que los detenidos no forman parte del CNI ni de ningún otro organismo estatal. España defiende una solución democrática y pacífica a la situación en Venezuela”, explicaron de forma extraoficial desde la cancillería española.