Con la decisión del PAN de expulsar a Miguel Ángel Yunes Márquez del partido y del grupo parlamentario, la oposición pierde la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad contra reformas aprobadas por la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado.

Las bancadas del PRI, PAN y MC tenían justo los 43 votos requeridos para acudir a ese recurso establecido en el artículo 109 constitucional, que permite a una minoría parlamentaria presentar un juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra leyes federales o tratados internacionales que consideren violatorios de la Carta Magna.

Además del voto de Yunes Márquez, falta la decisión del senador Daniel Barreda, de MC, quien provocó un escándalo al no presentarse a la sesión del pasado martes, ya que el coordinador emecista, Clemente Castañeda, denunció desde temprano y hasta la madrugada que estaba desaparecido y retenido bajo acusaciones penales en Campeche.

Al final, Barreda aclaró que debió acompañar a su padre a una diligencia judicial, pero fue el segundo voto que faltó a la oposición en la discusión de la reforma al Poder Judicial.

La primera vez que se acudió a la acción de inconstitucionalidad fue en 2007, cuando parte de senadores del PRI y el PAN, junto con todos los del PRD, se inconformaron con la llamada ley Televisa, que se había aprobado a favor del consorcio televisivo a cambio de impulsar la campaña presidencial de Felipe Calderón.

El 1º de junio de ese 2007, con el voto de ocho ministros, la SCJN declaró inconstitucional esa ley, con el argumento de que violaba la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa.

Ese recurso, que pueden promover las minorías parlamentarias, 33 por ciento de integrantes de cada Cámara del Congreso, volvió a usarse en la legislatura que acaba de concluir y de manera constante, ya que el llamado bloque opositor, que conformaron PAN, PRI, MC y PRD en el Senado, acudió a él para frenar las principales reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Contaron además con el apoyo de la SCJN, que se convirtió en su principal aliada, comentó el ex senador José Narro. Iniciaron, en 2018, con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que señaló que ningún funcionario podría ganar más que el Presidente de la República y que debió recorrer un proceso legislativo de dos años.

Los opositores controvirtieron en los pasados seis años una treintena de leyes, entre ellas la que posibilitó que la Guardia Nacional pasara al control administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la que liquidó la Financiera Rural y la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial.

La situación es ahora muy distinta: junto con PT y PVEM conformamos una mayoría de dos terceras partes y la oposición, con menos de un tercio, ya no podrá frenar el avance de la Cuarta Transformación, comentó el senador morenista Óscar Cantón Zetina.