Con votación dividida (siete contra cuatro), el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) optó por no validar la constitucionalidad de las reformas estatutarias del PRI, con el argumento de que fueron aprobadas antes de que concluyera el proceso electoral federal.

Por tanto, quedan en vilo los cambios a los documentos básicos del tricolor que permitieron, entre otros asuntos, la relección de Alejandro Moreno (Alito) como presidente del partido, de ahí que frente a la impugnación de los afectados, el tema será resuelto por la sala superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Una de las repercusiones del acuerdo emitido ayer por el INE, que se limitó a declarar la imposibilidad de pronunciarse sobre la verificación al cumplimiento del procedimiento estatutario y la procedencia constitucional y legal de las modificaciones, es que no deja en claro sus alcances.

Consejeros consultados dijeron que Alito puede seguir temporalmente al frente del PRI, pero no por la reforma estatutaria del 7 de julio, y tampoco a consecuencia de este resolutivo del INE, sino por una prórroga concedida por el TEPJF desde mayo pasado, que le dio un plazo hasta de 60 días, después de concluido el PEF, es decir, el partido deberá tener nueva dirigencia a más tardar el próximo 20 de noviembre, si se considera que el proceso electoral terminó el 28 de agosto.

Los consejeros Dania Ravel, Arturo Castillo, Uuc-kib Espadas, Claudia Zavala, Jaime Rivera, Rita Bell López y Martín Faz votaron en favor del proyecto que marca esa imposibilidad, con el argumento de que la reforma a los documentos básicos del PRI incumple lo estipulado en el artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos, precisamente relativo a que éstos no pueden cambiar sus estatutos una vez iniciado el proceso federal.

La interpretación que dio la mayoría de los consejeros señala que si bien el PRI pudo haber empezado su reforma en cualquier momento, la conclusión de la misma debió ser posterior al 28 de agosto.

Frente a las distintas versiones que circularon ayer, el INE debió aclarar en un comunicado que la resolución aprobada no emite un pronunciamiento respecto a la elección de la dirigencia nacional y la secretaría ejecutiva del CEN priísta, ya que la ley en la materia establece que una vez que la militancia agote los medios partidistas de defensa estará en posibilidad de acudir ante la instancia electoral competente.

En la sesión, Castillo dejó en claro que se trata de aplicar un criterio jurídico y no inferencias políticas; a su vez, Espadas afirmó que la reforma del tricolor se dio fuera de los tiempos legales permitidos y, por tanto, el INE no puede declararla válida.

En contra se pronunció la presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, junto con Carla Humphrey, Norma de la Cruz y Jorge Montaño, quienes subrayaron la necesidad de hacer una interpretación que garantice los derechos de autorganización y autodeterminación del partido.

Sobre todo, Taddei advirtió que con la aprobación del proyecto en referencia el INE estaría renunciando a su obligación de revisar las modificaciones a los documentos básicos y declarar su procedencia constitucional y legal. Al considerar que resulta innecesaria su verificación, la consecuencia es que no se da certeza al PRI sobre qué ocurrirá con todos los actos jurídicos que ya realizó, dijo.

El anteproyecto original, elaborado por el área técnica (dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos), señalaba que para estos fines el proceso electoral concluyó con la jornada electoral del 2 de junio. Luego, en comisión se rechazó esa premisa y se ordenó elaborar otro documento, en los términos votados ayer.

Los representantes priístas ante el INE, Emilio Suárez Licona y Marcela Guerra, acusaron que con el acuerdo se anula el derecho de autorganización y autodeterminación del PRI, mediante una interpretación restrictiva, excesiva, discrecional y sesgada.

Suárez señaló que el criterio era incongruente, con vacíos argumentativos, falta de exhaustividad y construido de manera descontextualizada; además, de que se aplicaba la ley de manera selectiva, porque a Morena sí se le permitió modificar sus estatutos durante el proceso electoral de 2018. Guerra les reprochó que afecten al sistema de partidos y a la dirigencia del PRI.