Washington. El gobierno de Venezuela rechazó ayer en los términos más enérgicos y calificó de un nuevo crimen de agresión del gobierno de Estados Unidos contra su país, el anunció del Departamento del Tesoro de sancionar a 16 funcionarios venezolanos cercanos al presidente Nicolás Maduro, acusándolos de haber incurrido en fraude electoral en los comicios del pasado 28 de julio y por reprimir a la oposición en un intento ilegítimo de aferrarse al poder por la fuerza.

Venezuela rechaza, en los términos más enérgicos, el nuevo crimen de agresión cometido por el gobierno de Estados Unidos de América en contra de Venezuela, al imponer medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas e ilegales a un grupo de funcionarios de Estado, indicó el documento publicado por el canciller venezolano, Yván Gil.

Caracas puntualizó que esta acción demuestra “una vez más, el total desprecio estadunidense por el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la voluntad democrática de los venezolanos, en un acto grosero que busca congraciarse con una clase política que ha echado mano a prácticas fascistas y violentas para derrocar, sin éxito, la democracia bolivariana.

“Las erróneamente denominadas ‘sanciones’, que han sido vergonzosamente promovidas por la extrema derecha fascista, rompen y violan los acuerdos firmados en Qatar y pretenden imponer a todo un país y sus instituciones las políticas de ‘cambio de régimen’, como parte la doctrina Monroe”, según el texto.

Horas antes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó sobre la imposición de sanciones contra 16 funcionarios cercanos a Maduro, acusándolos de haber incurrido en el fraude electoral, y por reprimir a la oposición en un intento ilegítimo de aferrarse al poder por la fuerza, pero se abstuvo de aplicar medida punitivas adicionales contra el sector petrolero.

El gobierno del presidente Joe Biden intervino en respuesta al fraude electoral para que Maduro y sus representantes rindan cuentas por obstruir las elecciones presidenciales y abusar de los derechos humanos, informó el jefe de la diplomacia, Antony Blinken.

En la lista de sancionados figuran directivos de la autoridad electoral como Rosalba Gil, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Beatriz, y Edward Briceño, el fiscal que emitió la orden de captura contra el principal adversario de Maduro en las urnas, Edmundo González Urrutia.

También destacan Domingo Antonio Hernández Lárez, el número tres de las fuerzas armadas y responsable de las operaciones militares, y Pedro José Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.

Los funcionarios impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos, sostuvo Washington, que reclama desde el 28 de julio las actas de escrutinio.

La acciones punitivas consisten en la congelación de activos que posean directa o indirectamente en Estados Unidos, así como la prohibición de que cualquier persona o empresa estadunidense haga negocios con ellos. También tomaron medidas para imponer nuevas restricciones de visa.

En Nueva York, cerca de 50 países, entre ellos Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea, pidieron ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) a las autoridades venezolanas que publiquen inmediatamente los resultados de las elecciones y permitan la verificación imparcial de los mismos.

La intención es la verificación objetiva de los resultados por observadores independientes en aras de la credibilidad, la legitimidad y la transparencia del proceso electoral, reza una declaración que leyó el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha.

En tanto, el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Alexander Yánez, declaró ayer ante el Consejo de Derechos Humanos que la Casa Blanca utiliza a países subordinados para agredir a esta nación caribeña, luego de que la canciller de Argentina, Diana Mondino, expuso su inquietud por la presunta vulneración de las garantías constitucionales en Caracas.