Ciudad de México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este jueves su grave preocupación por la aprobación de la reforma al Poder Judicial y advirtió sobre los posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de Derecho.

“La CIDH reconoce la importancia de una reforma que fortalezca el sistema judicial en México”, señaló el organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en un comunicado en el que opinó que “una reforma constitucional de esta envergadura debe conducirse en el marco de un diálogo amplio, debidamente informado y participativo y que active, de buena fe, los mecanismos institucionales de participación ciudadana”.

Al advertir que en México persisten desafíos en el acceso a la justicia en México que se traducen en altos niveles de impunidad y corrupción, la Comisión instó “a las autoridades del Estado a asegurar que toda reforma judicial se realice de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos sobre independencia judicial y acceso a la justicia, y que responda a las necesidades de justicia expedita y efectiva para su población, sin discriminación”.

Asimismo, “frente a la conflictividad y las protestas públicas, exhorta a garantizar instancias de diálogo real, que asegure la participación de todos los sectores interesados”.

Indicó que ha recibido “cuantiosa información de parte de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y operadoras de justicia sobre las posibles afectaciones que derivarían de esta reforma constitucional”.

La CIDH señaló que llamó su atención que “lo precipitado de las profundas modificaciones podría tener consecuencias negativas para las garantías de idoneidad y acceso meritocrático a la carrera judicial”.

Las críticas que ha escuchado la Comisión también señalan que la reforma “no parte de un diagnóstico sobre los verdaderos déficits en el acceso a la justicia ni contempla cómo impactará en los procesos de elección popular la fuerte presencia del crimen organizado en varias zonas del país”.

“Entre otros temas cuestionados, la Comisión ha conocido de la inclusión en la reforma constitucional de medidas de preservación de la identidad de personas juzgadoras en casos relacionados con delincuencia organizada, denominado por el sistema interamericano como "jueces sin rostro", cuyo uso ha sido declarado contrario a la Convención Americana por los órganos del sistema interamericano. Del mismo modo, ha recogido la inquietud por el proceso para la integración del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que podría comprometer su independencia, así como sobre la falta de garantías del debido proceso en el régimen disciplinario”.

Agregó que si bien el Estado informó sobre una serie de diálogos nacionales para garantizar la participación ciudadana en la reforma que ocurrieron entre el 21 de febrero y el 18 de abril de 2024, “la CIDH observa que la celeridad en su tramitación está impidiendo considerar efectivamente las críticas de un sector de la ciudadanía, tal como lo demuestran las manifestaciones de las últimas semanas”.

La Comisión señaló que “un proceso adecuado de nombramiento y selección constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia de las personas operadoras de justicia”.  y dijo que “los procesos de selección de las autoridades disciplinarias de la judicatura también deben revestir las garantías de independencia”.