Caracas. El jefe del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, propuso ayer aprobar una resolución que inste al presidente Nicolás Maduro a romper relaciones con España, tras los cuestionamientos a la relección del mandatario por la oposición que denuncia un fraude sin presentar pruebas.

Rodríguez llamó a aprobar una resolución que llama al Ejecutivo venezolano a romper de inmediato las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con España después de que sus diputados votaron una propuesta que pide al gobierno izquierdista de Pedro Sánchez reconocer al opositor Edmundo González Urrutia, ahoraexiliado en el país europeo, ganador de las elecciones de julio.

¡Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del reino de España y nos traemos a los nuestros de allá!, clamó Rodríguez ante el pleno.

Unos 136 mil 145 españoles viven en Venezuela, según cifras oficiales a enero de 2023.

Se estima que en España viven unos 280 mil venezolanos, incluidos varios dirigentes opositores. La cifra no incluye a aquellos que adquirieron la nacionalidad española.

En tanto, el Congreso de los Diputados de España aprobó por 177 votos a favor y 164 en contra una propuesta de ley en la que se reconoce a González Urrutia presidente electo y legítimo de Venezuela, informó Armando G. Tejeda, corresponsal de La Jornada en Madrid.

El oficialismo vota en contra

El gobernante Partido Socialista Obrero Español votó en contra, al igual que sus aliados de izquierda, pero no pudieron frenar la mayoría que sumaron los partidos de la derecha, encabezados por el Partido Popular (PP), que contaron con el inesperado apoyo del Partido Nacionalista Vasco, aliado de lo coalición del gobierno.

Tras dos días de debate, en el que estuvo presente una amplia delegación de la oposición venezolana residente en Madrid, entre ellos, Carolina, hija de González, finalmente el PP sumó a su causa a la extrema derecha de Vox, el PNV, a Coalición Canaria y a Unión del Pueblo Navarro.

Los socialistas, que habían anunciado la víspera que no votarían, finalmente decidieron hacerlo en contra, al igual que sus socios parlamentarios, entre ellos Sumar, EH-Bildu, Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Republicana de Catalunya y Podemos. La resolución es simbólica, y el Ejecutivo no está obligado a acatarla.