Guadalajara, Jalisco. Integrantes del comisariado del ejido de Ayotitlán, territorio nahua al sur del estado, se reunieron con Ana Elena Hernández Núñez, directora de Asuntos Agrarios del gobierno jalisciense, para aclarar dudas respecto a los reclamos y acusaciones en su contra hechos por un grupo de ejidatarios y comuneros de ese núcleo agrario, quienes presentaron una denuncia (915/2023) ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 con sede en la ciudad de Colima.

Juan Mancilla Roblada, presidente del comisariado de bienes ejidales, dijo que contrario a lo que han denunciado los opositores a la actual mesa directiva de Ayotitlán y que promovieron la denuncia en Colima, son ellos los que han recibido amenazas de muerte en un litigio cuyo trasfondo es el control de un territorio rico por su minería y recursos forestales.

La denuncia se desahogó el pasado 30 de agosto en la ciudad de Colima, a donde los inconformes acudieron custodiados por policías estatales de Jalisco tras pedir apoyo tanto al gobierno estatal como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acusando que la mesa directiva, encabezada por Mancilla Roblada, los había amenazado de muerte, lo cual el líder nahua dijo es todo lo contrario y se trató de un engaño a las autoridades.

“Estamos aquí para recordarle al gobierno (de Jalisco) que le hace más caso a gente que no tiene la razón, a un grupo de solo seis ejidatarios y varios comuneros que lo único que buscan son problemas, están inconformes porque no pudieron ganar en las pasadas elecciones”, dijo Mancilla, tras entrevistarse con la directora estatal de Asuntos Agrarios.

Dijo que el magistrado Jesús Antonio Frías Cardona asentó, tras llamar a diversos ejidos tal como reclamaban los quejosos, que todas las tierras que buscaban deslindar y están en los límites con Ayotitlán pertenecen a este ejido, lo que dejó sin sustancia su reclamo como consta en el resolutivo de la audiencia.

“Hay intereses de que buscan hacer comunidad indígena Ayotitlán, pero como es un ejido ya no se puede. Nosotros no queremos que se haga comunidad porque no tendríamos ningún beneficio, eso ha enojado mucho a Santiago Flores que es el que anda moviendo todo, fue el que nos amenazó de muerte y eso no lo ve el gobierno”, agregó Mancilla.

Dijo que el control del ejido es uno de los objetivos de los opositores para renegociar con la minera Peña Colorada el acuerdo económico logrado en 2011 a favor de los habitantes de Ayotitlán, lo que desde entonces ha suscitado una fuerte discordia y la división de los ejidatarios, incluyendo muertes, desapariciones y amenazas.

Los acuerdos de la audiencia en Colima determinaron dar por concluidas las diligencias de jurisdicción voluntaria solicitadas por los quejosos “ordenando el archivo del asunto debiendo realizarse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno que lleva en este tribunal, dejando a salvo los derechos de los promoventes para que los hagan valer en la vía y forma que mejor convenga a su interés legal”.

Los núcleos agrarios que asistieron a la audiencia “han manifestado su oposición expresa, formal y contundente a las presentes diligencias de jurisdicción voluntaria y en todo caso la cuestión de sí la superficie cuyo reconocimiento reclaman los promoventes, se encuentra dentro o fuera de los polígonos ejidales y comunales de los núcleos agrarios, sería en todo caso objeto de fondo en los correspondientes sumarios que en la vía contenciosa se llegasen a instaurar”.