Ciudad de México. Habitantes del pueblo de San Gregorio Atlapulco e integrantes de la comunidad otomí y otras organizaciones sociales exigieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México finiquitar las cinco carpetas de investigación iniciadas tras el “halconazo morenista” del pasado jueves durante una protesta en Xochimilco, que dejó un saldo de alrededor de 30 lesionados.
En una manifestación afuera del búnker exigieron asimismo se deseche la carpeta de investigación por despojo contra la maestra Hortensia Telésforo, quien junto con vecinos del pueblo recuperaron la biblioteca Adolfo López Mateos, ofrecida por el Gobierno capitalino como parte de los acuerdos signados en diciembre de 2022.
Dicho espacio, denunciaron, fue utilizado por funcionarios de la Alcaldía de José Carlos Acosta para eventos privados y “ahora la acusan de ese delito, la criminalizan y han estado entregando volantes casa por casa, con la ayuda de niños, para que el pueblo la linche, acusándola de que no representa al pueblo y están en contra de que realice actos que van en contra de su cultura, educación y tradición”.
Hortensia señaló que, aun cuando en la recuperación de la biblioteca participaron varios pobladores, “solo se me ha señalado a mí. Lo único que hemos hecho es convertir ese espacio en una área cultural, contándose con más de cuatro mil asistencias, después de estar cerrado ocho años”.
El temor a que fuera víctima de alguna detención llevó a integrantes de la comunidad y otras organizaciones a acompañarla a las salas orales del Poder Judicial de la Ciudad de México al Reclusorio Sur, mismas que estaba cerradas, en rechazo de su trabajadores a la Reforma Judicial.
Posteriormente, acudieron a la sede de la Alcaldia Xochimilco, para solicitar el desistimiento de la denuncia, y la respuesta fue la represión, siendo detenidas cinco personas, entre ellas dos integrantes de la comunidad otomí, quienes fueron trasladadas a la Fiscalía de Investigación Territorial de Tlalpan, donde continuaron las agresiones y se detuvo a otras nueve personas.
Se trata, acusó Isabel de la comunidad otomí, de un acto de represión del Estado, cuando lo único que se buscaba era que la Fiscalía finiquitará la denuncia contra Hortensia, por lo que se exige una reunión con el encargado del titular de esa dependencia, Ulises Lara.
Diego García, representante de la comunidad otomí, anunció la conformación de un nuevo frente tras “la represión y la brutalidad policiaca” ejercida el pasado 5 de septiembre, tanto en Xochimilco, como al interior y el exterior de la Fiscalía en Tlalpan, que ha llevado a la presentación de denuncias penales y quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
