La Iglesia católica vuelve a colocarse por enésima vez del lado de la oposición. Es evidente que existe una crisis entre la Iglesia y el Estado. Desde 2022 la jerarquía católica no ha dejado de criticar y descalificar las iniciativas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A partir de los jesuitas asesinados en la Tarahumara, los obispos católicos han pasado de la rebeldía sagrada a discrepancia radical contra la 4T.

Ahora el 5 de septiembre último, en un comunicado, los prelados descalificaron la propuesta de reforma jurídica propuesta por el Ejecutivo. Externaron su preocupación por la posible aprobación de la reforma constitucional sobre el Poder Judicial en México.

Advirtieron que “la propuesta de reforma no responde a una revisión integral del sistema judicial, ni garantiza una mejor y más cualificada impartición de justicia; más aún, afecta la autonomía del Poder Judicial y pone en entredicho la división de poderes que establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Los obispos se suman al descontento de sectores sociales e internacionales, así lo enuncian en su comunicado y advierten: “La elección para el cargo de jueces y magistrados, además de politizar y debilitar la impartición de justicia en México, no ofrece ninguna garantía para superar la corrupción y la impunidad que requiere urgentemente la ciudadanía”. Las posturas de la Iglesia en sus tejidos profundos son diversas.

En dos años, los obispos han dilatado sus reclamos contra la 4T. A pesar de que critican a AMLO de impulsivo y pendenciero, muchos obispos parecieran estar motivados por la revancha. El tono ha pasado del quejoso al pendenciero con adjetivos cada vez más subidos de tono. Desde la guerra cristera en los años 20, no se había visto el nivel tan beligerante y retador de los obispos. No son todos los prelados, hay que reconocerlo, pero algunos son cada vez más radicales.

Resaltan los que guardan nexos con organizaciones provida, antiderechos con vínculos abiertos con la ultraderecha religiosa. Mediáticamente resaltan las actitudes más radicales. Tal es el caso del cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, quien llamó traición a la patria votar a favor de la reforma del Poder Judicial.

Para el cardenal el Estado está en riesgo en caso de aprobar dicha iniciativa de reforma. “Considero una verdadera traición si los senadores dan el voto a favor de la reforma. Traicioneros a México, si así fuera que esa lista quede para la historia: los nombres y apellidos de estas personas que traicionaron a México en una necesidad tan grave como es la justicia y en la eliminación de los poderes que deben regir la República y la democracia”.

Otra voz estridente la encontramos en el sacerdote Mario Ángel Flores, ex rector de la Universidad Pontificia de México y director del Observatorio social de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), quien expresó con rudeza su preocupación por la reforma. No podemos desdeñarlo, ya que es uno de los ideólogos con gravitación en el episcopado. Señaló que “lo que van a hacer es desestructurar el Poder Judicial y con ello se acabó el pluralismo y se acabó el equilibrio de poderes y se acabó la democracia mexicana”.

Advirtió que la reforma “es un plan absolutamente dirigido al control de un sistema dictatorial”. “Si logra concretarse, estamos dando un paso al autoritarismo y a la dictadura”, añadió. En su editorial titulado “¿Por qué la prisa?”, Desde la Fe reconoció que la reforma judicial es necesaria y prioritaria. Sin embargo, el semanario de la arquidiócesis metropolitana demandó actuar con sabiduría y prudencia, como lo hizo el rey Salomón.

“Sabiduría para escuchar con tiempo suficiente a todos los sectores involucrados y prudencia para hacer una revisión integral del sistema judicial. Si actúan con sabiduría y prudencia, el pueblo mexicano sabrá reconocerlo con creces”. Como he comentado en este espacio, los obispos, mediante contundentes mensajes, han cuestionado la situación de violencia imperante en el país, la política migratoria y la estrategia de seguridad de la 4T; han defendido al INE de Córdova; a la SCJN; se han manifestado contra la “sobrerrepresentación”; han responsabilizado al Presidente de la polarización política y reivindican el estado de derecho que ase cha a la desaparición de los órganos autónomos.

Los obispos defienden a las minorías, donde se geolocaliza la oposición, pero son poco sensibles a que esos 35 millones de votos para Morena fueron de mayoría católica. Los obispos son poco empáticos con las preferencias de su feligresía.

Para muchos colegas, el gobierno tiene una cuota de responsabilidad. Ha sido excesivamente tolerante y permisivo. Como antes, bastaría aplicar la Constitución y las leyes para usarla como la espada de Damocles con el fin de poner en orden a prelados rijosos. No me convencen las acciones punitivas de Estado ante la libertad religiosa. Son preferibles debates abiertos y francos. Sí, debo decirlo, me preocupa que se esté minando la laicidad que México ha construido.

Como predicaba Mahatma Gandhi: “Entiendo por religión no ya un conjunto de intereses de política y de poder, sino lo que está en el origen de todas la religiones, poniéndonos cara a cara con el Creador”. Los obispos mexicanos se van por la fácil, politiquean a nombre de Dios, cuando su Iglesia se les está cayendo a pedazos.