Madrid. El día nacional de Cataluña, la Diada, la celebró dividido el independentismo, que además vivió una de las jornadas de los últimos años con menor movilización social, una muestra más de su debilidad tras perder el gobierno autonómico, en manos desde agosto pasado del socialista Salvador Illa. Las manifestaciones populares apenas sumaron 72 mil personas en las principales ciudades de la región, mientras que hace sólo cinco años llegaban a congregar en las calles a más de un millón.

Según los datos de las policías locales, en Barcelona se congregaron 60 mil personas; seis mil 800 en Girona; tres mil en Lleida; dos mil 800 en Tarragona y mil 200 en Tortosa, según cifras de las policías locales.

El bloque de los partidos separatistas catalanes está roto, de ahí que hayan decidido celebrar la Diada por separado y en algunos casos hasta enfrentados entre ellos a gritos. Como ocurrió en Barcelona, en una acto de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) un grupo de simpatizantes de la CUP interrumpieron el acto con gritos de “traidores” y repudiaron el acuerdo que alcanzó ERC con los socialistas para sacar adelante la investidura de Illa a cambio de una supuesta aprobación de un nuevo modelo de financiamiento, que todavía está en el aire.

El presidente de una de las plataformas independentistas de la sociedad civil para arraigada en la región, Òmnium Cultural, Xavier Antich, reconoció al término de la manifestación que “la pelea permanente nos ha llevado a donde estamos”, tras asumir que sólo se reunieron menos personas en el año de la pandemia.

Mientras tanto, el Tribunal Constitucional español acordó en un pleno de este miércoles admitir a trámite y por unanimida la cuestión de “inconstitucionalidad” presentada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al considerar que el borrado de los delitos del proceso de independencia fallida de octubre del 2017 en Cataluña “vulnera el derecho a la igualdad ante la Ley y a la seguridad jurídica”.

Esta cuestión será el primer asunto relacionado con la amnistía que resolverá el Tribunal Constitucional, que además tendrá que resolver más de una decena de recursos presentados por varias comunidades autónomas y alegaciones de defensa por parte de los abogados de algunos líderes independentistas, entre ellos el ex presidente Carles Puigdemont.

En los debates no podrá participar el ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por su vinculación directa al actual gobierno, del que fue alto cargo y porque como ministro realizó y divulgó varios informes en los defendió los indultos pero tildó de “inconstitucional” una entonces potencial amnistía, que finalmente se aprobó en el Congreso español.