Tenancingo, Mex.  Mario Alberto Becerril García y María Angélica Díaz Pichardo fueron condenados hoy a mil 115 y seis meses de prisión por un Tribunal de Alzada del Poder Judicial mexiquense, quien los encontró responsables del delito de fraude cometido en agravio de más de 240 personas.

Los ahora condenados ya habían recibido una sentencia de un juez, por mil 69 años de prisión, la cual apelaron y en esta segunda instancia no solo ratificaron su culpabilidad sino les aumentaron la condena 46 años más, además de que se les impuso una multa de 2 millones 419 mil 133 pesos a cada uno de ellos.

De acuerdo con el expediente iniciado por la Fiscalía estatal, estas dos personas junto con un cómplice defraudaron a 244 victimas en municipio de Tenancingo, en la zona sur del estado.

Los tres se hacían pasar como socios de una caja de ahorros denominada “Empuje Regional a Micro y Mediana Empresa, Sociedad Financiera Comunitaria”, y se dedicaban a invitar a personas, en su mayoría de la tercera edad a invertir su dinero en esta institución con la promesa de que obtendrían ganancias superiores a las del mercado general que iban del 12 al 20 por ciento anual, además de que con el paso de los años llegarían a ser socios de esta financiera.

Mucha gente invirtió sus recursos en esta financiera. Lo hicieron a través de depósitos en una cuenta bancaria a nombre de “Empuje Regional a Micro y Mediana Empresa, Sociedad Financiera Comunitaria”, y otros más en efectivos. En suma, llegaron a recaudar poco más 91 millones  a lo largo de diez años que operó este esquema que inició en 2009.

En agosto de 2019, algunas víctimas solicitaron la devolución de su dinero y los rendimientos generados, sin embargo  los ahora condenados se negaron regresar el dinero con el argumento de que no tenían fondos para pagar.

Varias víctimas denunciaron los hechos ante la Fiscalía. La Financiera cerró sus puertas ubicadas en la cabecera municipal de Tenancingo y los implicados huyeron.

Tras varios meses de investigación, se pudo identificar a los responsables y dar con su paradero para presentarlos ante la justicia.

Después de un largo proceso penal fueron sentenciados por un juez de control, y cuando apelaron la condena, en segunda instancia un Tribunal de Alzada en materia penal no solo ratificó la culpabilidad sino les incrementó la condena.