La reforma judicial será aprobada, no queda duda, y será un gran paso hacia adelante en la historia del país, pero no por ello deja de llamar la atención el hedor de recurrir a personajes nefastos para alcanzar un objetivo determinado. Sabiéndose rotundamente derrotada, la supuesta oposición estuvo al borde del infarto luego de conocer el enjuague entre el júnior Yunes (senador en funciones que súbitamente enfermó y pidió licencia), papá Yunes (senador suplente de su hijo, lo que ya es una aberración) y los negociadores morenistas captavotos.

Más allá de eso, lo cierto es que ministros, magistrados, jueces, su ejército de asesores, personal en retiro, pensionados vitalicios, los clientes VIP de los impartidores de justicia y, en fin, la mitad de la plantilla activa del Poder Judicial (la famiglia es primero) en su vida sudaron tanto como ahora en su intento por mantener intocados sus abundantes privilegios, su opacidad, sus propios enjuagues, su corrupción, sus abusos, su mundillo de cuentos de hadas, las jugosas chambas de sus familiares y, sobre todo, su impunidad. Con la aprobación de la reforma constitucional se les acabó el festín al negocio familiar y a su clientela dorada.

Lo dijo ayer el presidente López Obrador: Hemos venido limpiando el Poder Ejecutivo, el Legislativo, pero nos topamos con el Judicial, el encargado de la impartición de justicia y de cuidar que se respete la Constitución. Y hemos llegado en nuestro país, como parte de la crisis, de la decadencia, a que ese poder se convirtió en protector de las mafias del poder económico y del poder político. Y esa putrefacción motivó la iniciativa de reforma constitucional que a punto está de ser aprobada.

Algo más, dijo el mandatario: Urge la reforma y sí va a ayudar mucho, porque aquí se habla de delincuentes, del crimen organizado, pero lo que más les preocupa a los que están en contra de esta reforma es que van a perder sus privilegios, porque el Poder Judicial está al servicio de potentados, de la delincuencia de cuello blanco. Hay ministros que dependen de los hombres con mayor poder económico; están al servicio de las corporaciones económicas, financieras, nacionales y del extranjero, y esos son los que no quieren que haya estado de derecho, quieren mantener el influyentismo, la corrupción.

Es inminente la aprobación de la reforma, pero en vía de mientras en la mañanera de ayer se divulgaron datos que sólo redondean el cochinero imperante en el Poder Judicial:

Secretaría de Gobernación: el Consejo de la Judicatura Federal (CJF, que preside Norma Piña) es responsable de vigilar el comportamiento de jueces, magistrados y, en su caso, sancionarlos cuando se comprueben casos de corrupción, nepotismo o cualquier otra violación. ¿Qué ha sucedido? En el periodo 2004-2023 se presentaron 38 mil quejas contra funcionarios del Poder Judicial. De ellas se han desechado 86 por ciento sin siquiera iniciar una investigación; no se investigó 86 por ciento de los casos.

De las quejas que sí se investigaron, el CJF apenas sancionó a 472 jueces y magistrados en todo el periodo: apercibimientos y amonestaciones, 0.7 por ciento del total; suspensiones, 0.27 por ciento; destituciones, 0.11 por ciento; inhabilitaciones, 0.06 por ciento, y sanciones económicas, 0.04 por ciento. Ese es el grado de eficiencia del órgano vigilante.

De pilón: de enero de 2023 a la fecha, el Ejecutivo ha presentado 72 denuncias contra jueces y magistrados; ninguna de ellas ha sido resuelta y a la fecha no hay sanciones. Es la mafia, la famiglia judicial, y sus integrantes se cuidan las espaldas entre ellos. Y sólo son algunos ejemplos de la putrefacción que priva en el Poder Judicial.

Las rebanadas del pastel

Si de hampones se trata, ahí está Alejandro Alito Moreno. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral le tiró el teatrito que armó (”reforma estatutaria” incluida) para relegirse (con apenas 97.3 por ciento de los votos) como líder nacional del PRI.

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