Lizeth Sánchez García, senadora del Partido del Trabajo y Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de República, expuso en tribuna las aportaciones de la Reforma al Poder Judicial y contra argumentó contra los mitos credos a su alrededor.

Lo anterior lo llevó a cabo en la reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos que se realizó en la Cámara alta.

La senadora Lizeth Sánchez García, recordó que en “los últimos días, ha circulado en redes sociales información falsa o imprecisa sobre los efectos de la Reforma al Poder Judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Y acto seguido enumeró lo que calificó como “mitos” sobre la Reforma al poder Judicial, argumentando en primer lugar que no hay pérdida de derechos de los trabajadores, y que por el contrario “la Reforma garantiza el respeto de los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial” tal y como lo establece “el artículo décimo transitorio del Dictamen aprobado por la Cámara de Diputados”.

La legisladora agregó que, además, “la Reforma impulsará la carrera judicial, para que cualquier persona que forme parte del Poder Judicial pueda participar en la elección de los cargos”.

Con respecto al mito dos, la senadora contravino la idea de que no se tomó en cuenta a los integrantes del Poder Judicial, subrayando que entre “junio y agosto del presente año, se realizaron 9 foros de Parlamento abierto para la discusión de la Reforma, con la participación de Ministros, Magistrados, Jueces, legisladores, abogados, académicos y representantes de la sociedad civil”.

Descartó también cómo un mito que habrá parálisis en la impartición de justicia tras la aprobación de la reforma, explicando que la “Reforma plantea una transición ordenada. La renovación de los jueces y magistrados federales y de las entidades federativas se realizará de forma gradual para garantizar la resolución de los casos que se encuentran actualmente en los tribunales”.

El derecho a la propiedad “privada está garantizado por el Artículo 27 de la Constitución y por los Tratados Internacionales de los que México forma parte. La Reforma al Poder Judicial no modifica este artículo ni pone en riesgo la seguridad jurídica de los propietarios de bienes inmuebles”,
argumentó Lizeth Sánchez García en la tribuna, contra el mito de la privatización.

Descartó que la Reforma dará más poder a la presidencia de la República, como pretende dictar uno de los mitos enumerados.

Y en materia económica la senadora petista, explicó que no se afectarán las inversiones de los empresarios extranjeros ni nacionales: “México tiene actualmente 14 acuerdos comerciales internacionales y cuenta con una posición geográfica estratégica”.

Y concluyó la idea diciendo que también es un mito que vaya a aumentar el precio del dólar generando inflación.

En su calidad de Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de República, Lizeth Sánchez García enumeró los beneficios de la Reforma al Poder Judicial, comenzando con el hecho de que habrá “una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para una mayor eficacia, transparencia y austeridad”. Además, dijo, “se reduce el número de Ministras y Ministros, de 11 a 9 integrantes, y el periodo de su encargo, de 15 a 12 años”.

Afirmó que habrá menos gasto con la “eliminación de las dos Salas. La Corte sólo sesionará en el Pleno y sus sesiones deberán ser públicas. Se elimina la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros y ministras. Y sus remuneraciones deben ajustarse al tope máximo establecido para el Presidente de la República, sin excepción”.

Destacó la senadora que habrá “elección popular de Ministros, Magistrados y Jueces, para una mayor legitimidad”. Suscribió como una aportación de la Reforma la “sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un órgano de disciplina judicial independiente”, y el hecho de que haya “nuevas reglas procesales para una Justicia expedita y equilibrios entre Poderes”; asimismo ponderó cómo una renovación que en “2025 se realizará una elección para renovar a todos los Ministros, Jueces y Magistrados del Poder Judicial”, sin descartar que se postulen quienes ocupan esos cargos.

Uno de las ventajas más relevantes que destacó la legisladora es que se “crea el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de investigar a Ministros, Magistrados, Jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley, al interés público o a la administración de justicia, incluyendo actos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, entre otros.

Más una Justicia expedita al establecerse “un plazo máximo de 6 meses para la resolución de asuntos fiscales, y de 1 año para asuntos penales. En caso de rebasar estos plazos, añadió en su disertación la senadora petista, la autoridad judicial debe informarlo al Tribunal de Disciplina Judicial, que podrá investigar y sancionar la demora”.

Se prohibirá, dijo, “otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Y los Poderes Judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes”.

Finalizó su intervención refiriéndose a los Fideicomisos del Poder Judicial, los cuales, “una vez que concluyan los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones paras el Bienestar, respetándose los derechos y prestaciones de los trabajadores”.