Ciudad de México. Despidos arbitrarios y represalias contra los trabajadores, como incluirlos en “listas negras” por ejercer su libertad sindical y demandar sus derechos, son prácticas que “subsisten y menoscaban” las relaciones laborales en México, a pesar de la aplicación del mecanismo de respuesta rápida del T-MEC desde hace cuatro años, advirtieron expertos y los agregados laborales de las embajadas de Estados Unidos y Canadá en el país.
Al participar en la Conferencia Internacional Libertad y Democracia Sindical, José Carlos Bazán, agregado laboral de Canadá en México, señaló que si bien México ha modernizado sus leyes laborales, aún persiste la “resistencia al cambio” por parte de empresas que continúan con prácticas que van “en sentido contrario” a las obligaciones establecidas en el mecanismo laboral de respuesta rápida (MLRR) del T-MEC y la reforma laboral de 2019.
Al hacer un balance de la aplicación ambos instrumentos, señaló que si bien existe un compromiso de las autoridades laborales en México por hacer cumplir las obligaciones de ambos marcos legales consideró que un tema “apremiante” es la asignación suficiente de recursos para lograr un “impacto real” de la reforma en la materia, además de que se requiere priorizar la aplicación de sanciones cuando exista incumplimiento a la legislación laboral mexicana.
“Si queremos que el impacto de la reforma sea real, se necesitan recursos que permitan planificar a largo plazo, buscando fortalecer los roles de vigilancia e inspección”, indicó Bazán.
En su participación, Pablo Solorio, agregado laboral de Estados Unidos, coincidió en que pese a los logros obtenidos, aún existen actores que “no han entendido las nuevas reglas del juego, y siguen utilizando un modelo defensor en suprimir costos laborales y violar los derechos de los trabajadores y siguen generando productos a costa del sudor de ellos”.
Ante representantes de organizaciones gremiales independientes, académicos, abogados laboralistas y expertos en materia sindical, aseguró que a través del MLRR se han recuperado más de 5 millones de dólares en salarios caídos y se ha reinstalado 100 trabajadores despedidos injustificadamente por su libertad sindical. Agregó que también se han visto beneficiados 30 mil trabajadores, derivado de las 26 quejas laborales activadas al amparo del T-MEC.
En este sentido, Ben Davis, del sindicato metalúrgico United Steelworkers (USW), hizo notar que en la mayoría de esa más de veintena de casos, únicamente cuatro organizaciones sindicales son las que han promovido las quejas laborales: el Sindicato Nacional Minero, el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, la Liga Sindical Obrero Mexicana, y el SINTTIA.
Héctor de la Cueva, coordinador del Cilas, aseguró que el capítulo 23 del T-MEC ha producido grandes cambios en el mundo laboral en México; sin embargo dijo que el hecho de que se haya recurrido un gran número de veces al MLRR obedece a que “en el marco mexicano todo sigue siendo muy lento”.
Asimismo reprochó que desde el gobierno mexicano haya una “interlocución privilegiada” con las viejas centrales corporativas de trabajadores, que durante décadas ostentaron los contratos colectivos “patronales” y que violaban los derechos de los obreros.
