Al participar en el side event en la ONU, en Ginebra, la jueza Abigail Ocampo Álvarez, Directora Nacional de Atención a Juzgados Especializados de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito el Poder Judicial de la Federación (Jufed), dijo que la reforma al Poder Judicial en nuestro país "es regresiva sobre las condiciones de vida, los derechos humanos, económicos, sociales, civiles y laborales de los juzgadores y la única finalidad que tiene es concentrar los tres Poderes de la Unión en una sola persona".
Un grupo de integrantes de la Judicatura Federal ha solicitado intervención de organizaciones internacionales como la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en busca de que se decreten medias cautelares que impidan la aprobación de esta propuesta presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el proyecto de reforma ya analiza en el Senado de la República.
En la reunión con la ONU que se realizó está mañana, Ocampo Álvarez denunció los riesgos que las reformas judiciales en México representan para los derechos humanos, el acceso a la justicia y la democracia.
Ahí reiteró que está enmienda propuesta por el Ejecutivo y avalada por una mayoría parlamentaria, en las personas juzgadoras defensoras de los derechos humanos tiene múltiples afectaciones y violaciones a sus derechos humanos de corte regresivo, entre las cuales destacan a la independencia judicial, pues la elección popular de jueces, dijo, puede aumentar el riesgo de los candidatos a personas juzgadoras a que busquen complacer a quienes los proponen, a sus patrocinadores de campaña, entre ellos al crimen organizado o a los propios votante, lo que implica emitir resoluciones "violando" la independencia y la imparcialidad.
Afecciones a la salud mental y los DH
Indicó que también afecta a la salud mental, debido a que desde 2018 el presidente López Obrador en sus conferencias matutinas, así como en redes sociales "realiza atentos mediáticos, denotaciones, intimidaciones directas e insinuación de licitud de las resoluciones emitidas por las personas juzgadoras, lo cual se traduce en tratos humillantes. También se altera el estado de ánimo, genera ansiedad, aflicción e inestabilidad emocional, pues estos ataques tienden a un desequilibrio laboral que incide en la toma de decisiones de las resoluciones y a la sana operación del propio Poder Judicial en los términos que los titulares deben de operar como defensores de derechos humanos de las personas justiciables o usuarias de la administración de justicia, en el factor de Independencia judicial para resolver se verá comprometido con esta reforma".
Apuntó que en los proyectos de vida, la enmienda propone cesar a más de mil 600 juzgadores federales, por lo que perderían cualquier oportunidad de crecimiento profesional dentro del Poder Judicial, así como su desarrollo como profesionistas "pues la propia reforma no permite el ejercicio de la abogacía hasta pasados dos años lo cual también viola el derecho humano al trabajo y la dignidad humana".
Pero no sólo eso, afirmó que las familias de todos los jueces son víctimas indirectas de dicha reforma, primero por los ataques mediáticos que se hacen públicos y segundo, pues al perder su trabajo implica la violación de derechos humanos de los integrantes de su familia tales como la educación, salud, vivienda, patrimonio, recreación, seguridad entre otros, o la numeración que reciben por ese trabajo como defensores de derechos humanos, es el principal medio de manutención de ellos y de su familia por lo que es lógico que la reforma también contra la estabilidad económica y familiar.
Agregó que en cuanto a la seguridad social se pierden todas las prestaciones de salud que tienen cada uno de los juzgadores al ser cesados, "lo que traería como resultado que se impida a ellos y a su familia seguir como derechohabientes de algún sistema de salud".
Respecto al derecho a la jubilación "se desconocen los años trabajados por las personas juzgadoras y esta reforma no reconoce el derecho a una jubilación, pues solo se propone una indemnización mínima lo cual genera también un temor por la vejez al no contar con ingresos para una sobrevivencia digna, además también se afecta a todas las personas jubiladas porque existiría una reducción en la pensión de la cual gozan actualmente y en los derechos laborales adquiridos, el cese masivo de personas juzgadoras desconoce cualquier derecho adquirido tales como carrera judicial, salarios, prestaciones accesorias, seguridad social pues desaparecen todos los derechos laborales a tratarse de un despido injustificado".
