El pasado 5 de septiembre frente a la alcaldía de Xochimilco, en la Ciudad de México, sucedió lo que no debería ni siquiera pensarse en ningún momento de la historia, en ningún país. Un grupo de comuneros, en especial de San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía referida, acompañados de activistas de organizaciones sociales e indígenas, y de medios alternativos independientes, entre ellos el Frente por la Defensa de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, de la Asamblea Nacional por la Vida (Anavi), de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México y de estudiantes de la UNAM y de la Escuela Nacional de Antropología, realizaban una protesta pacífica en la explanada de la alcaldía, defendiendo a Hortensia Telésforo, acusada de despojo por la alcaldía y con ella a la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco que ejerciendo su derecho de contar con espacios autónomos como la biblioteca comunitaria ahora renombrada Casa del Pueblo Tlamachtiloyan, decidió ocupar para este proyecto cultural un local, por cierto, prácticamente abandonado, en el cual coordina actividades la hoy acusada penalmente Hortensia Telésforo.
Hago un paréntesis para recordar que la Constitución de la Ciudad de México tiene un avanzado capítulo sobre pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes que está en espera de que el gobierno asuma plenamente su respeto y garantice su cumplimiento. En especial el hoy ex alcalde de Xochimilco José Carlos Acosta Ruiz, que concluye su periodo, tuvo una gestión de confrontación con San Gregorio Atlapulco sin que existiera freno o intervención de las instancias centrales correspondientes. En cambio, resultó “premiado” con una diputación por Morena y su equipo de línea dura sigue en la alcaldía.
Tras este contexto, retomo la concentración aludida para señalar la agresión ciertamente brutal a quienes se manifestaban. De pronto, cerca de 50 golpeadores salieron del edificio de la alcaldía, bien los han llamado grupo de choque, que portaban tubos, navajas y otros objetos con los cuales los golpearon y persiguieron. Los policías uniformados presentes simplemente se retiraron. En el caos lograron difundir algunos videos antes de que despojaran de celulares y equipo a quienes intentaban pedir auxilio y denunciar la represión que sufrían por concentrarse a defender una causa justa. No está claro cómo “seleccionaron” a cinco activistas, dos mujeres y tres hombres para llevarlos ante el Ministerio Público (MP) de Tlalpan, donde la alcaldía Xochimilco los acusó de motín, lesiones, daños y resistencia de particulares a la autoridad. Horas después, hasta ahí llegaron activistas de colectivos y defensores de derechos humanos, exigiendo la liberación de los detenidos y fueron encapsulados y recibidos con gas lacrimógeno por policías.
Luego de la presión social y la intervención de abogados, las personas detenidas integrantes de la Anavi fueron liberadas alrededor de las 8 de la noche al considerar que las acusaciones no ameritan prisión preventiva. Vaya que se reconoce que aún bajo presión el Ministerio Público de turno realizó un correcto análisis jurídico.
Las personas detenidas fueron la periodista Mayahuel, de Radio Zapote; la comunicadora otomí Anselma Margarita; los estudiantes Jorge Cansino y Uriel García, así como el muralista conocido como El Gato.
Al salir del MP, los liberados señalaron al director de Jurídico y de Gobierno de Xochimilco, Francisco Pastrana Basurto, como responsable de la represión, criminalización y fabricación de delitos. Señalaron como responsables “de lo que les pueda ocurrir” al diputado por Morena y ex jefe de la alcaldía en Xochimilco, y a Juana Onésima Delgado Chávez, alcaldesa sustituta.
Vaya situación, si asumimos que no hay coincidencias, para el aún jefe de Gobierno Martí Batres. Ese día asistió a la alcaldía en cuestión, suponemos que antes de la agresión, para encabezar el evento de firma de convenios de ordenamiento territorial de 40 asentamientos de Xochimilco. Al día siguiente en la mañanera, ante el Presidente de la República, dio cuenta de lo sucedido y ofreció una reconstrucción de los hechos que permita definir responsabilidades, insistiendo en deslindarse de la violencia y de la judicialización de los conflictos sociales.
Evidentemente hay efectos inmediatos de la represión sufrida, hay heridos, equipo de cámaras y celulares sustraído, pero, sobre todo, una muy amplia indignación, la cual debería considerarse, por lo pronto acelerando su “reconstrucción de hechos” y tomando las decisiones que corresponda y ante todo tomando en serio que el conflicto con San Gregorio Atlapulco lleva años y no es el único en la Ciudad de México y ha sido la fuerza de su organización lo que les ha permitido resistir a decisiones arbitrarias en torno a la imposición de proyectos.
