Madrid. Mientras en el Tribunal Constitucional español se están presentando los recursos y los magistrados se preparan para las deliberaciones para decidir si ratifican la ley general de amnistía aprobado por el Congreso, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, confirmó en un auto que no era aplicable la norma en el delito de malversación del que están acusados el ex presidente catalán Carles Puigdemonto y dos de sus ex consejeros, Antoni Comín y Lluis Puig.
El pasado 30 de mayo se aprobó en el Parlamento español la ley de amnistía, por 177 votos a favor frente a 172 en contra. La normativa surgió de las negociaciones entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los independentistas catalanes de Junts per Catalunya (JxCat), que pusieron esa condición para aprobar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, como así ocurrió. A pesar de que la ley entró en vigor, aun quedan muchos flecos sueltos y algunas cuestiones a dirimir en el Tribunal Constitucional, de ahí que el ex presidente Puigdemont, que en teoría iba a ser el principal beneficiado de la ley, todavía no puede regresar al país sin el riesgo de ser detenido y procesado.
Precisamente el juez Llarena es el que mantiene la presión judicial contra Puigdemont, al que todavía reclama por el delito de malversación, al entender que éste era el único que no se podía incluir en la ley de amnistía por contravenir la normativa europea. Una postura que ratificó hoy mismo en un auto, en el que sostiene que “los acusados decidieron cargar a los fondos públicos aportados por los contribuyentes el coste” del referendo del 1 de octubre del 2017 a pesar de que “era un empeño no solo ilegal y contrario a la Constitución y al Estatut de Catalunya, sino ajeno a sus responsabilidades de Gobierno y a las competencias de la Generalitat”.
La defensa de Puigdemont anunció que presentará un recurso ante el Tribuna Constitucional de esta decisión, donde además ya se acumulan hasta una decena de recursos contra la ley, la mayoría presentados por comunidades autónomas gobernadas por el derechista Partido Popular (PP), con los que se iniciarán además las deliberaciones de los magistrados para decidir la ratificación de la ley.
