Chihuahua, Chih. El alcalde de San Francisco del Oro, Chihuahua, Arturo Huerta Luévano, fue detenido por agentes de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, acusado por la contratación de un crédito de 6 millones 50 mil pesos de forma ilegal y haber duplicado la deuda pública del municipio.

La Fiscalía Anticorrupción ejecutó una orden de aprehensión en contra de Arturo Huerta, que fue otorgada por un juez de control del Distrito Judicial Hidalgo, Chihuahua, por los delitos de uso ilegal de facultades y atribuciones, así como peculado con penalidad agravada.

Lo anterior deriva de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado, en la cual se manifestó que, entre los días 27 de mayo del año 2022 al 4 de enero del año 2023, el alcalde adquirió deuda pública por la cantidad de 6 millones 050 mil pesos, a través de la celebración de siete contratos de crédito, sin sujetarse a los procedimientos legales previstos en la Ley de Deuda Pública del Estado de Chihuahua y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Arturo Huerta no pidió autorización del Ayuntamiento ni del Congreso del Estado para contratar los créditos, tampoco registró la deuda como lo marcan las leyes vigentes.

La finalidad de esos recursos, en lugar de ser utilizados para proyectos productivos a largo plazo, como lo marca la ley, los habría designado a gasto corriente, como servicios personales, materiales, suministros y servicios generales, esto contraviene directamente la finalidad de una deuda pública, que debería estar orientada a la creación de activos y al bienestar de los habitantes del municipio.

Debido a la mala gestión de este recurso y los intereses tan altos con los que se adquirió el empréstito, se provocó que el municipio tuviera que pagar una deuda mucho mayor, ascendiendo a 14 millones 471 mil 632 pesos el pasivo acumulado.

Por parte del titular de la Fiscalía Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, refirió que la lucha contra la corrupción no es únicamente una prioridad, sino una obligación moral y legal. “Continuaremos buscando justicia y llevando a los probables responsables de estos actos ante los tribunales, con la finalidad de que sean sancionados conforme a la ley, siempre con el objetivo de recuperar lo que legítimamente pertenece al pueblo de Chihuahua y sus municipios”.