En la lucha por la justicia poco a poco se derrota a la corrupción, aunque se vista de rosa. ¿Que son muchos? Pues sí, el contagio fue extenso, por eso ha resultado tan difícil erradicarla, pero el montón no quita lo corrupto.
Cada uno de los argumentos de la derecha rosa que se levantaron en contra de la reforma al Poder Judicial han caído por su propio peso.
Bastaría con recordar que la propuesta de elegir por medio del voto a los miembros de ese poder cumple con la condición básica de la democracia que reclaman: el voto.
Por el contrario, mantener como hasta ahora la elección de jueces, magistrados y ministros, sería tanto como permitir que los miembros de ese poder sean impuestos por intereses partidistas o económicos, como ha quedado demostrado una y otra vez.
¿Qué hay peligro de que el narco meta mano en la elección de quienes buscarían ingresar al Poder Judicial? Es de ciegos ignorar que quienes han dejado en libertad a los capos y a los asesinos son los juzgadores que hoy están en funciones. ¿No les basta?
Los datos que hace más o menos un año proporcionó la Secretaría de Marina señalaban que entre 2021 y 2023, jueces y agentes del Ministerio Público dejaron en libertad a 53 por ciento de los delincuentes detenidos por narcotráfico o robo de combustible ( huachicoleo).
Un asunto que llamó a vergüenza y se convirtió en un conflicto entre México y EU fue aquel del apodado La Kena, José Alberto García Vilano, secuestrador y narco, cabeza de un célula del cártel del Golfo.
Al sujeto se le acusó del secuestro de cuatro estadunidenses que llegaron a Matamoros, Tamaulipas, provenientes de Carolina del Sur. El hecho fue calificado de inaceptable
por la vocera del Consejo de Seguridad Nacional del vecino del norte, y hasta llevó a uno de los diarios más influyentes de aquel país a advertir de una disputa entre el Ejército y la Marina que mantenía impune el crimen contra los extranjeros.
Por la captura de La Kena, el gobierno de Tamaulipas ofreció 150 mil dólares, y la FBI otros 50 mil a quien ayudara a la captura del secuestrador, quien fue hallado y puesto en lo que se conocía como Almoloya por personal de la Secretaría de Marina. Un juez ordenó que lo regresaran a Tamaulipas y amenazó con multar a los custodios si desobedecían.
Luego, ya en Tamaulipas, Crescencio Contreras Martínez, el mismo juez que dispuso el traslado, lo dejó en libertad. La actuación del juez fue denunciada y desde la Presidencia de la República se pidió juicio político en contra del sujeto, pero la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación defendieron a Contreras Martínez.
El colmo: la asociación de la que hablamos arriba llegó a decir que el juicio político en contra del juez de Tamaulipas atentaba contra la independencia judicial del país. Hasta ahora, cuando menos que estemos enterados, nada ha pasado con Contreras, a quien se le hallaron armas, dinero y droga en su casa, según informaciones locales.
Necesitan cínicos como Marko Cortés, el panista, mas datos para darse cuenta de que el narco está metido en el sistema de justicia y que, curiosamente, se trata de una entidad que fue gobernada por un político panista acusado también de narco que hoy anda en fuga.
Total, los argumentos que usa la derecha para tratar de desvirtuar la reforma judicial son un rosario de cinismo y de acciones contrarias a la necesidad de cambiar las reglas para ser mejores. Por eso, el senador que vote a favor de la reforma para crear la mayoría que dé por bueno el cambio a la Constitución no traicionará a ningún partido ni a ninguna ideología, lo hará por el país y la gente sabrá recompensarlo. Por eso, la reforma va.
De pasadita
Al contrario de lo que sucede a nivel nacional, en Morena de la Ciudad de México se pretende elegir a una profesional de la política, a la diputada Valentina Batres; lo malo de la acción es que eso sería sumar un eslabón más a la cadena del clan Batres, que pretende controlar la ciudad. Lástima.
