Guanajuato, uno de los estados con mayor índice delictivo en el país, tiene 14 servidores públicos estatales clasificados como altos mandos en seguridad pública –incluyendo al fiscal general de justicia, Carlos Zamarripa Aguirre–, y de ellos nueve están evaluados, pero sólo uno se encuentra aprobado y con certificado de confianza vigente, por lo que, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los otros ocho incumplen lo establecido, lo cual es indispensable para su permanencia en el cargo.

Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) refieren que durante julio de este año, Guanajuato fue la entidad con mayor número de homicidios dolosos, con 256 casos reportados; en cuanto a delitos por cada 100 mil habitantes; en el mismo mes esa entidad se ubicó en el séptimo lugar con 202 reportes, y en cuanto la incidencia delictiva total, se ubicó en tercer lugar, 13 mil 111 ilícitos.

No vigente

Información obtenida por La Jornada refiere que los registros del sistema nacional en materia de certificación policial, con corte al 30 de agosto de este año, señalan que el fiscal estatal, Carlos Zamarripa Aguirre tiene un certificado de haber sido aprobado, pero que éste ya no se encuentra vigente.

El fiscal regional A, Joel Romo Lozano, también presenta un certificado en el que resultó aprobado, pero ya no está vigente.

Los fiscales B y C, Israel Aguado Silva y Jorge Gómez Morado, no han sido evaluados.

El fiscal regional D, Aaron Edmundo Castro Sánchez, tiene un certificado de aprobado, pero ya no está vigente, y en el mismo caso se encuentran Ricardo Vilchis Contreras, director general de Investigaciones de la Agencia de Investigación Criminal, y el fiscal Especializado en Delitos de Alto Impacto, José de Jesús Quezada Torres.

No ha sido evaluado Marco Antonio Medina Torres, fiscal especializado en Combate a la Corrupción.

Por lo que hace a altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, los registros refieren que el titular de esa institución, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, y el subsecretario de Seguridad, Martín Octavio Luque Lucio, cuentan con un certificado que no está vigente, aunque en su anterior evaluación resultaron aprobados.

El director general del Sistema Estatal Penitenciario, Juan José González González, no ha sido evaluado; mientras el subsecretario de Prevención, Marco Antonio Rodríguez Vázquez, no tiene certificado vigente.

En cuanto a Miguel Ángel Torres Durán, director general de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado, Miguel Ángel Torres Durán, no ha sido evaluado.

Mientras, Sophia Huett López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se encuentra con un certificado que refiere haber sido aprobada en los exámenes de control de confianza y su certificado está vigente.

De acuerdo con el artículo 40, fracción 15, y los artículos 67 y 68 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quienes no estén evaluados o que no se encuentre vigente su evaluación, incumplen con uno de los requisitos para su permanencia en el cargo.

A ese respecto, el artículo 40 fracción XV de la mencionada ley, refiere que los funcionarios deben someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva.

En tanto, el artículo 67 señala que el certificado, para su validez, deberá otorgarse en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la conclusión del proceso de certificación, a efecto de que sea ingresado en el registro nacional que para tal efecto se establezca. Dicha certificación y registro tendrán una vigencia de tres años.

Seis meses de anticipación

Mientras el artículo 68 establece que los servidores públicos de las instituciones de procuración de justicia deberán someterse a los procesos de evaluación en los términos de la normatividad correspondiente, con seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado y registro, a fin de obtener la revalidación de los mismos, en los términos que determinen las autoridades competentes. La revalidación del certificado será requisito indispensable para su permanencia en las instituciones de procuración de justicia.