Ciudad de México., Un grupo de peritos valuadores del Nacional Monte de Piedad (NMP) acudió ayer Palacio Nacional para solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención a fin de solucionar el conflicto laboral en dicha institución, de donde fueron despedidos de manera “injustificada” 390 trabajadores especializados.

Procedentes de distintas entidades como Yucatán, Zacatecas, Campeche, Estado de México, Michoacán, Querétaro y de la Ciudad de México, los empleados de la institución prendaria exigieron que sean reinstalados y acusaron que han sido víctimas de abusos de “terrorismo laboral”, ya que fueron “despojados” de sus derechos al eliminarlos del contrato colectivo de trabajo (CCT) de esa casa de empeño, al tiempo que “se les coaccionó a firmar un contrato de protección con las condiciones mínimas de ley”.

Javier Martínez Rivas, quien se postula como secretario general del Sindicato Nacional de Peritos Valuadores –que tiene pendiente de recibir la toma de nota–, señaló que la directiva “continuó su ofensiva” contra los valuadores, luego después de la huelga que estalló en febrero pasado en más de 300 sucursales del NMP y el fallido intento del patronato de liquidar el CCT que rige las relaciones laborales de más de 2 mil 300 trabajadores.

Recordó que los 390 valuadores fueron citados “a una supuesta reunión” en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Veracruz, que “resultó un engaño” ya que, dijo, directivos de la casa de empeño les pidieron firmar su “renuncia voluntaria”.

Los trabajadores del NMP entregaron ayer un escrito en el área de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, en el que exponen su situación. En el documento plantearon que se realice una auditoría a las finanzas de la casa de empeño con 249 años de historia.

Al señalar que el director de la institución, Javier de la Calle, recientemente dejó el cargo, la representación de los peritos valuadores apuntó que durante su administración se adquirió una financiera que costó mil millones de pesos; en cambio, afirmaron, ha registrado pérdidas de 500 millones de pesos.

Asimismo externaron su preocupación, debido a que “existen serias irregularidades” en la gestión de alhajas y relojes, “con contratos de venta por toneladas de oro ya comprometidas a compradores extranjeros”, lo que impide –señalaron– a los clientes recuperar sus prendas.

Tras que los “malos manejos administrativos” han derivado en pérdidas económicas y daños patrimoniales, Martínez Rivas señaló que un centenar de peritos valuadores ya presentaron sus demandas de reinstalación, mientras que otro grupo de los que se vio obligado a firmar su renuncia hizo lo propio debido a que las condiciones ofrecidas para liquidarlos fueron incumplidas.