El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Indígenas con la intención de visibilizar y sensibilizar a la población sobre las problemáticas y desigualdades con las que se encuentran día con día en sus contextos.
En México, los pueblos y comunidades indígenas se enfrentan a los despojos de sus tierras por parte de las empresas; a la represión, estigmatización y criminalización que realiza el Estado en su contra por ejercer su derecho a la libertad de expresión y manifestarse ante las injusticias, así como la prisión política e incluso desaparición forzada por realizar su labor como comunicadores populares y personas defensoras de derechos humanos.
En ese sentido, las mujeres indígenas son quienes cada vez más se enfrentan a estas situaciones por convertirse en liderezas de sus luchas y resistir ante los sistemas capitalista, patriarcal y colonial que se insertan en sus territorios.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2022 se registró que casi 20 por ciento de la población total en México es indígena. De este porcentaje, 51.4 por ciento correspondía a mujeres y de este, el rango de edad con mayor concentración comprendía de 10 a 24 años. En cuanto al acceso a la educación, las mujeres hablantes de lengua indígena no logran terminar la primaria, en comparación con aquellas no hablantes de alguna lengua indígena, quienes en promedio logran terminar el esquema de educación básica (https://acortar.link/qZVjwe).
Además, con base en el informe Datos que duelen, redes que nos salvan, de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), se documentaron alrededor de 700 agresiones hacia mujeres defensoras que pertenecen a organizaciones que defienden la tierra y el territorio, comunidades indígenas y/o afrodescendientes en América Latina. En México, la mayoría de esta criminalización y persecución política está dirigida hacia mujeres jóvenes indígenas (https://acortar.link/p7IQvI).
Ante este panorama, es necesario observar que las dinámicas generadas hacia ellas forman parte de un sistema que no sólo busca descolocar a las mujeres de puestos de liderazgo y toma de decisiones en sus procesos organizativos, sino que se sustentan en narrativas criminalizantes y discriminatorias hacia las defensoras indígenas.
Asimismo, los procesos de acceso a la justicia y a la protección de sus derechos humanos son obstaculizados por los prejuicios y estereotipos que existen socialmente hacia la población indígena y, por lo cual, miles de personas de este sector poblacional se encuentran injustamente encarceladas.
Recordemos que en algunos casos, como el de Kenia Hernández, el sistema de justicia actúa simbólicamente para emitir un mensaje de disciplina hacia las mujeres que protestan y se manifiestan contra las injusticias cometidas por el Estado mexicano en su perjuicio, pero, sobre todo, para aquellas mujeres defensoras que desafían los sistemas de opresión y de violencia en el país.
Por ello es que la resistencia de las mujeres indígenas surge desde distintos lugares y contextos que no sólo se concentran en combatir las desigualdades estructurales, sino en la construcción de vidas dignas desde el cuidado, el respeto y el acompañamiento colectivo con las demás personas, principalmente con las compañeras.
Ellas son quienes nos han enseñado a transformar nuestros territorios corporales y colectivos en espacios de sanación y resistencia ante las prácticas de violencia instaladas en el tejido social, a buscar alternativas de lucha que no dependan del enfrentamiento con el Estado, sino de la organización comunitaria para proteger lo común, en el cuidado de la tierra, de las semillas y de la vida.
Nos dan lecciones también sobre la reconfiguración de las dinámicas individualistas para pensarnos en colectivo en nuestras relaciones personales.
Después de tanto despojo de recursos, criminalización, y ahora con una mujer como representante del Poder Ejecutivo federal, es importante analizar cuáles serán las narrativas de la próxima mandataria y sus líneas de actuación hacia las poblaciones indígenas para contrarrestar las desigualdades, principalmente las que afectan a las mujeres indígenas, qué enfoque usar y cómo ello abonará a fortalecer sus liderazgos.
Sin cambios en las dinámicas extractivistas y en su integración en la toma de decisiones en políticas públicas, los derechos humanos de las mujeres indígenas continuarán permeando en la construcción de condiciones dignas y rezagando a quienes tienen el poder de la transformación y procuración de la vida en colectividad.
