El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que no existe fundamento legal ni constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detenga el proceso legislativo para la discusión y, en su caso, aprobación, de la reforma al Poder Judicial.

En la mañanera de este viernes, a pregunta sobre el recurso que busca detener ese proceso legislativo que se presentó ante la Corte y al que dio entrada la presidenta de esa instancia, Norma Piña, el mandatario federal aseveró que sería una arbitrariedad pues ese proceso, de acuerdo con la Constitución, corresponde al Ejecutivo y al Legislativo.

“Siento que no tienen fundamento legal, sería una aberración y una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la reforma constitucional dedicada al Poder Judicial.

“No hay ningún fundamento constitucional, sería una arbitrariedad y esto afectaría la vida pública, afectaría desde luego lo que debe ser un auténtico estado de derecho, sería como optar por la ley de la selva, terminar de dejar de manifiesto que no les importa la democracia, ni la justicia, que solamente están pensando en sus intereses, en sus privilegios y que son partidarios de la corrupción abiertamente”.

El jefe del Ejecutivo confió en que esa solicitud no prospere en el seno de la Corte.

“Porque alguien en el Poder Judicial, no uno, espero que varios, en especial en la Corte, reaccionen como sucedió cuando en efecto, turnó la presidenta un recurso, que no le correspondía, para interferir en la decisión autónoma del tribunal electoral, y un ministro argumentó de que no era función de la Corte intervenir en lo que corresponde a tribunal electoral. Pero ahora está peor, porque es la intervención de la Corte, o pretender que la Corte o el Poder Judicial detengan un proceso que de acuerdo a la Constitución corresponde en este caso al Ejecutivo y al Legislativo”.

De acuerdo con la carta magna, remarcó, el Ejecutivo tiene la facultad de presentar iniciativas de reforma a la misma, “que es lo que hicimos”; y corresponde al Legislativo discutir y decidir si se aprueban o no dichas iniciativas.

“No puede hacerlo el Poder Judicial, no es esa su función, sería una intromisión burda, más que un exabrupto. No creo que por eso prospere ese propósito”.

El tabasqueño aprovecho el tema para hacer un llamado a los legisladores de oposición, en especial a los senadores —el dictamen se aprobó hace unos días en la Cámara de Diputados y ahora se encuentra en el Senado— para no ser sometidos a presiones de los opositores.

Y es que, aseguró, “el jefe de la mafia del poder, el defensor principal de los intereses de las minorías corruptas del país”, el empresario Claudio X. González, ha estado abiertamente presionando a los legisladores para que voten contra la reforma.

“Quiero dirigirme a los senadores, con todo respeto, para que actúen con independencia, con libertad y que por delante del interés personal, del interés partidista, pongan el interés del pueblo y el interés de la nación, no le conviene a México mantener un Poder Judicial sometido a la delincuencia. El Poder Judicial está podrido, invadido por la corrupción, no se imparte justicia en beneficio del pueblo de México, es un poder secuestrado, tomado, al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco”.

Cuestionó a quienes se oponen a la reforma, porque, desde su perspectiva, están porque continúe la corrupción en el seno de este poder y sigan reportándose los llamados “sabadazos”; que se tomen fallos favorables a empresas que “saquean” el país; o el que ningún juez, magistrado o ministro que haya incurrido en irregularidades o delitos esté en la cárcel.

“¿Vamos a seguir con eso? ¿Eso es lo que van a defender? Y no hay ningún problema, nosotros estamos acostumbrados a luchar por nuestros ideales, por nuestros principios, por causas justas y estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Pero va a quedar muy claro quiénes se oponen a combatir, a erradicar, a desterrar la corrupción en nuestro país, eso que es el cáncer que más daña la vida pública de México”.