En todo el mundo el aborto está siendo reconocido como un derecho humano fundamental. Hay una tendencia hacia la liberalización de las leyes sobre el aborto en los últimos 30 años, más de 60 países han liberalizado sus marcos legales, más de un tercio de las mujeres en edad reproductiva viven en países que permiten el aborto voluntario.
En contracorriente, cuatro países han restringido su acceso legal: Nicaragua, El Salvador, Polonia y, en Estados Unidos, donde por más de 50 años era legalmente accesible en todo el país, pero un mandato de Donald Trump en 2022 fue crucial para derogar la sentencia Roe vs. Wade, de 1973, la cual había establecido que el aborto era un derecho constitucional, hoy 14 de los 50 estados de EU pasaron a penalizar el aborto voluntario, tema que puede costarle votos en la carrera presidencial al candidato del Partido Republicano.
En América Latina, el acceso al aborto voluntario ha avanzado en México, en Colombia y en Argentina. La Ciudad de México despenalizó el aborto voluntario en abril de 2007, y en años recientes 12 entidades más han reconocido la interrupción legal del embarazo por decisión de la mujer, hasta la semana 12 de gestación: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa (hasta la semana 13) y Veracruz; Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Yucatán y Zacatecas cuentan con fallos de tribunales que ordenan la eliminación de sanciones penales para la interrupción del embarazo, pero todavía necesitan cambiar su legislación local para garantizar el acceso al aborto voluntario en hospitales y clínicas públicas.
En caso de embarazo por violación, en todo el territorio nacional se puede acceder a un aborto voluntario y legal, sin necesidad de una denuncia penal, opción que todos los servidores públicos del país deben informar y ofrecer de manera obligatoria (NOM-046).
Todo iba caminando hacia adelante en el país, en especial a partir del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentado en 2021, el cual estableció que ninguna mujer o persona gestante, ni al personal de salud, se le podrá castigar o encarcelar por abortar.
Pero, contraviniendo esta resolución de carácter obligatorio, en días pasados el Congreso de Aguascalientes aprobó una reforma a la Constitución local que reduce de 12 a seis semanas el plazo para acceder a la interrupción legal del embarazo voluntario, y sanciona con prisión a quien incumpla la norma; el plazo de seis semanas es como anular este derecho, es un engaño, porque en muchas ocasiones es apenas momento de percatarse de un posible embarazo, y suele ser más tarde.
La reforma fue propuesta por la gobernadora del estado, Teresa Jiménez Esquivel, quien expresó públicamente su adhesión al “derecho a la vida” para echar atrás la instrucción de la SCJN, que despenalizó el aborto en Aguascalientes hasta la semana 12 de gestación, apenas en 2023.
Las reacciones abarcan el ámbito internacional y nacional. La Organización Mundial de la Salud recomienda evitar la promulgación de leyes que prohíban el aborto basadas en límites de edad gestacional.
El Fondo de Población de Naciones Unidas confirma que los estados tienen la responsabilidad de proteger la salud de las mujeres, garantizar los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía y libertad de decisión, y que penalizar la interrupción legal del embarazo constituye una forma de discriminación de derechos humanos, puede poner en riesgo muchos otros derechos protegidos internacionalmente, como el derecho a la vida, a la salud, a la información y a la educación sexual; el derecho a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la privacidad y la autonomía e integridad física, y el derecho a decidir sobre el número y el espaciamiento de hijos.
Otros pronunciamientos de organizaciones civiles expresaron que este retroceso atenta directamente contra los derechos humanos y la salud de todas las personas con capacidad de gestar, en especial de quienes enfrentan barreras para acceder al aborto, mujeres en situación de precariedad, niñas y adolescentes, migrantes, indígenas, personas no binarias, hombres trans (Fondo María, GIRE, IPAS, Cultivando género, Equidad de Género, Balance, Mexfam, Católicas por el Derecho a Decidir, International Planned Parenthood Federation, entre otras).
Se trata de una visión conservadora muy presente en la región central del país, más que una expresión de principios partidarios; el PAN es el único partido que contempla el derecho a la vida desde la concepción en su declaración de principios (de los votantes); sin embargo, diputados de otros partidos secundaron la reforma.
Negar el derecho a una maternidad voluntaria es un acto inhumano y cruel, a ninguna persona y bajo ninguna circunstancia se le tendría que obligar a ser madre. Ser deseado y venir a este mundo cuando nos esperan para amarnos y cuidarnos, y para acompañarnos hasta alcanzar la autonomía, es lo mínimo que merece todo ser humano.
*Secretaria general del Conapo
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