Tras la agresión a pobladores de Xochimilco y la detención de cinco personas que ocurrió ayer en esa demarcación, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseveró que se hará una reconstrucción de los hechos para deslindar responsabilidades de funcionarios o empleados que puedan estar implicados.

Al participar en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y a pregunta sobre lo sucedido ayer en Xochimilco, el mandatario capitalino remarcó que los problemas sociales deben resolverse por la vía del diálogo y rechazó la judialización de los mismos.

Aseguró que se dará información al respecto una vez que se tenga. Ante lo que el Presidente le remarcó: “Hoy mismo ¿no?”. Ante las palabras del mandatario, el jefe de Gobierno confirmó que será hoy mismo cuando se den más detalles sobre los ataques a vecinos y activistas del pueblo de San Gregorio Atlapulco.

“Vamos a pedir a los compañeros de la Secretaría de Gobierno y de otras áreas (del gobierno de la ciudad) que hagan la reconstrucción de estos hechos”, indicó Batres.

—¿Habrá sanciones (para funcionarios y policías que pudieran estar involucrados)? —se le preguntó-

—Lo que se derive de la reconstrucción de los hechos, (que será) muy minuciosa, hay materiales para ver qué fue lo que sucedió minuto a minuto y que se deslinden las responsabilidades correspondientes. No estamos de acuerdo que se resuelvan los problemas con violencia ni que se judicialice los conflictos sociales —respondió.

Declaró que durante la reunión del gabinete de seguridad de la administración capitalina —que se realizaba a la par de la mañanera, por lo que era encabezada por el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz— se analizaba la situación.

Batres señaló que anoche habló con Ruiz; con el fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara; y con autoridades de la alcaldía, a quienes expresó su opinión sobre el conflicto.

Dijo que no deseaba por el momento dar una lectura política al conflicto a fin de evitar especulaciones.

Po el contrario, insistió, que sobre la información que se tenga se dará hoy mismo mayores detalles.

“Pero aquí ya estoy diciendo que no estamos de acuerdo con la violencia, no estamos de acuerdo con el uso de la fuerza y no estamos de acuerdo en que conflictos sociales se busquen resolver judicializándolos”.

Se le interrogó si se levantarían las carpetas de investigación contra activistas de la región (como el caso de la denuncia por despejo que se presentó contra la activista Hortensia Telésforo Jiménez, del pueblo de San Gregorio Atlapulco, relacionada con la recuperación de la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan que hizo la comunidad en diciembre del año pasado).

Ante ello, el jefe de Gobierno señaló: “Mi opinión es que no se judicialice”; aunque acotó que la fiscalía local “no es un órgano que dependa jerárquicamente del gobierno, tiene una estructura autónoma, su propia administración, no obstante participan en el gabinete de seguridad y ahí damos nuestra opinión. Anoche hablé con el fiscal sobre este tema y le expresé mi punto de vista muy claro, no se debe judicializar un conflicto que es de carácter social y se debe resolver por la vía del diálogo”.